Asunción, Paraguay. – Paraguay atraviesa una de sus crisis políticas y financieras más importantes de los últimos años, después de que el presidente Santiago Peña anunciara su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, presionado por las protestas ciudadanas, el colapso de Ueno Bank y las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con una de las instituciones bancarias de mayor crecimiento en el país.

La decisión ocurre después de varios días de manifestaciones en Asunción, donde miles de personas salieron a las calles para exigir la devolución de sus ahorros y responsabilidades políticas por la intervención de la entidad. La crisis también alcanzó al Congreso paraguayo, que impulsó un juicio político contra Peña y cuestionó los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo anteriormente con el grupo empresarial relacionado con el banco.

La situación adquirió una dimensión extraordinaria debido al número de personas afectadas. Ueno Bank reportaba alrededor de tres millones de clientes, una cantidad considerable en un país de aproximadamente 6.5 millones de habitantes. Su cierre provocó restricciones inmediatas para acceder a depósitos, utilizar tarjetas y realizar operaciones bancarias, lo que generó preocupación entre trabajadores, comerciantes, jubilados y familias que dependían de esos recursos.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank y por qué comenzó la crisis en Paraguay?

El conflicto comenzó a agravarse cuando el Banco Central del Paraguay detectó irregularidades en la situación financiera de Ueno Bank, una institución que había experimentado un crecimiento acelerado mediante servicios digitales y promociones destinadas a captar nuevos usuarios.

Durante las investigaciones, los organismos reguladores identificaron operaciones crediticias con empresas vinculadas a los propietarios de la institución, además de problemas en los registros contables que afectaban su capacidad para cumplir las obligaciones financieras.

Las revisiones determinaron que el capital disponible había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido para operar, situación que llevó al Banco Central a intervenir la institución el martes 3 de noviembre.

La medida provocó la suspensión de servicios, el cierre de sucursales y la imposibilidad temporal de que numerosos clientes utilizaran sus recursos. Miles de personas intentaron obtener información sobre sus ahorros mientras las autoridades buscaban mecanismos para transferir cuentas y garantizar los depósitos.

El problema adquirió mayor gravedad porque Ueno Bank también administraba aproximadamente 800 millones de dólares procedentes de instituciones públicas, incluidos fondos relacionados con pensiones y servicios de salud.

Miles de paraguayos salen a las calles para exigir sus ahorros

La intervención bancaria provocó una reacción inmediata entre la población. Desde el martes comenzaron las movilizaciones en Asunción, donde ahorristas, jubilados, comerciantes y trabajadores reclamaron soluciones ante la incertidumbre sobre sus recursos.

Las manifestaciones continuaron el miércoles 4 de noviembre y se extendieron hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los participantes exigieron la destitución del presidente Santiago Peña y responsabilidades para los funcionarios encargados de supervisar la institución financiera.

Durante algunas protestas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Policía Nacional, que utilizaron gas pimienta y proyectiles de goma para dispersar concentraciones.

La indignación también alcanzó a los comerciantes del Mercado 4 de Asunción, quienes convocaron movilizaciones ante las dificultades para realizar sus operaciones cotidianas y acceder al dinero que mantenían depositado en el banco.

La crisis dejó de ser únicamente un problema financiero para convertirse en un movimiento de presión social que cuestionó la actuación del gobierno y la capacidad de las instituciones para proteger los recursos de la ciudadanía.

¿Qué relación tenía Santiago Peña con el banco intervenido?

Uno de los principales elementos que intensificaron la controversia fue la relación empresarial que el presidente mantuvo anteriormente con Grupo Vázquez, conglomerado vinculado con Ueno Bank.

Peña reconoció haber tenido participación accionaria en el grupo hasta marzo de 2025, cuando aseguró que vendió sus acciones. Sin embargo, negó haber sido inversionista directo de Ueno Bank o haber intervenido irregularmente en su funcionamiento.

Las sospechas aumentaron debido a que Carlos Carvallo, quien presidió anteriormente una entidad financiera vinculada con Ueno, fue designado posteriormente al frente del Banco Central del Paraguay, organismo responsable de supervisar el sistema bancario.

Carvallo renunció durante la crisis, mientras representantes de la oposición denunciaron posibles conflictos de interés y cuestionaron si las autoridades actuaron oportunamente frente a las irregularidades detectadas.

La Fiscalía paraguaya también inició investigaciones relacionadas con el colapso financiero. No obstante, los señalamientos contra Peña permanecen sujetos a investigación y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.

Santiago Peña anuncia su renuncia mientras el Congreso de Paraguay impulsa su destitución

La presión política alcanzó su punto más alto este jueves, cuando Santiago Peña comunicó públicamente su decisión de abandonar la Presidencia de Paraguay.

El mandatario argumentó que su salida buscaba preservar la estabilidad nacional, la paz social y el funcionamiento de las instituciones democráticas, después de que la crisis bancaria fracturara incluso el respaldo político que mantenía dentro del Partido Colorado.

Peña también ofreció disculpas a la ciudadanía por las consecuencias de la situación, aunque evitó reconocer responsabilidad directa en las irregularidades financieras investigadas.

Minutos después del anuncio, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a favor y ninguno en contra avanzar con el juicio político, enviando las acusaciones al Senado.

La votación reflejó el deterioro del respaldo político del mandatario, especialmente después de que dirigentes de su propio partido también expresaran su apoyo a las medidas parlamentarias.

La renuncia abre un proceso de transición constitucional en el que el vicepresidente Pedro Alliana aparece como el sucesor llamado a asumir el Poder Ejecutivo, una vez que las instituciones correspondientes formalicen el procedimiento.

Investigan a directivos bancarios por presuntas operaciones fraudulentas

Paralelamente a la crisis presidencial, las autoridades paraguayas avanzaron en las investigaciones contra los responsables de la institución financiera.

La Fiscalía formuló cargos contra 27 funcionarios y personas relacionadas con Ueno Bank por presuntos delitos vinculados con administración desleal y tentativa de fraude, debido a operaciones crediticias que habrían beneficiado a empresas relacionadas con los propietarios.

Un juez ordenó prisión preventiva para seis ejecutivos, entre ellos el fundador Miguel Vázquez y el presidente de la institución, Juan Manuel Gustale. Otros dos involucrados quedaron bajo arresto domiciliario.

Las investigaciones buscan determinar si se otorgaron créditos sin garantías suficientes y si parte de los recursos terminó destinada a otras empresas del mismo grupo económico.

Las defensas han cuestionado las acusaciones y las responsabilidades atribuidas a los directivos. Por ello, las autoridades judiciales deberán establecer el alcance de las irregularidades y determinar las consecuencias penales correspondientes.

¿Qué pasará con los ahorros de millones de personas?

Una de las preocupaciones más importantes continúa siendo el destino de los depósitos que los clientes mantenían en Ueno Bank.

Ante la magnitud del problema, las autoridades impulsaron mecanismos extraordinarios para acelerar la devolución de recursos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

El Banco Central señaló que las medidas permitirían proteger completamente los saldos de aproximadamente el 97% de los clientes, aunque la situación de quienes mantenían cantidades superiores a los límites garantizados todavía presenta incertidumbre.

El procedimiento contempla la recuperación de recursos y la transferencia de cuentas hacia otras instituciones financieras, con el objetivo de restablecer gradualmente el acceso al dinero.

Sin embargo, los efectos de la crisis no se limitan a los ahorros. El Ministerio de Trabajo estima que alrededor de siete mil empleos directos e indirectos podrían resultar afectados por el colapso de la institución y de las empresas vinculadas con ella.

Para muchos paraguayos, las medidas anunciadas representan una primera respuesta, aunque las movilizaciones demuestran que una parte de la población también exige investigaciones transparentes y sanciones contra quienes resulten responsables.

Paraguay enfrenta una transición política marcada por la desconfianza

La salida de Santiago Peña representa un acontecimiento extraordinario para Paraguay, un país que durante los últimos años había mantenido indicadores de crecimiento económico y reconocimiento internacional por su estabilidad financiera.

El colapso de Ueno Bank, sin embargo, abrió un debate sobre la supervisión del sistema bancario, las relaciones entre autoridades y grupos empresariales y la protección de los recursos de instituciones públicas.

Las investigaciones también podrían afectar la confianza de inversionistas y organismos internacionales, aunque las autoridades financieras sostienen que los problemas detectados corresponden específicamente a Ueno Bank y no representan una crisis generalizada de todo el sistema bancario paraguayo.

La transición presidencial deberá desarrollarse mientras continúan las protestas y las gestiones para devolver los depósitos. Al mismo tiempo, las instituciones judiciales tendrán que esclarecer las posibles responsabilidades de empresarios, funcionarios y directivos involucrados.

Por ahora, la renuncia de Peña no resuelve automáticamente el problema que desencadenó la crisis. Millones de clientes esperan recuperar el acceso a su dinero, trabajadores enfrentan incertidumbre laboral y una parte de la ciudadanía exige cambios en los mecanismos de vigilancia financiera.

Lo ocurrido en Paraguay demuestra cómo el colapso de una institución bancaria puede trascender el ámbito económico cuando existe una relación estrecha entre el poder político, los organismos reguladores y los intereses empresariales.

La recuperación de la confianza pública dependerá no solamente de quién asuma la Presidencia, sino también de la capacidad del Estado para proteger los ahorros, esclarecer las irregularidades y garantizar que una crisis de esta magnitud no vuelva a repetirse.