Marquelia, Gro. – Después de más de 13 años de un secuestro ocurrido en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la región Costa Grande de Guerrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de Virginio “N”, señalado como probable responsable de participar en la privación ilegal de la libertad de una persona, por cuya liberación los presuntos responsables habrían exigido cinco millones de pesos.

La captura ocurrió en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica, donde elementos de distintas corporaciones de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, como resultado de las investigaciones ministeriales relacionadas con los hechos registrados el 29 de julio de 2013.

De acuerdo con la dependencia estatal, el detenido presuntamente participó junto con otras personas en la privación de la libertad de una víctima cuya identidad permanece bajo reserva, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades de quienes intervinieron.

En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes colaboraron para ejecutar el mandato judicial.

Presuntos secuestradores exigieron cinco millones de pesos a la familia

Las investigaciones ministeriales establecen que los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2013, cuando Virginio “N”, presuntamente acompañado por otros individuos, participó en la privación de la libertad de una persona en el municipio de Atoyac de Álvarez.

De acuerdo con la Fiscalía, después de cometer el secuestro, los presuntos responsables establecieron contacto con los familiares de la víctima y exigieron una cantidad de cinco millones de pesos como condición para devolverle su libertad.

La institución no proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad ni precisó el lugar exacto donde los involucrados habrían mantenido retenida a la víctima.

Tampoco informó si los familiares realizaron algún pago, cuánto tiempo permaneció privada de la libertad la persona afectada o de qué manera concluyó el secuestro.

La reserva de estos datos forma parte de la información disponible sobre la investigación, mientras que la identidad de la víctima permanece protegida para evitar su exposición pública.

Captura ocurre más de 13 años después del secuestro en Guerrero

La detención de Virginio “N” ocurrió más de 13 años después de los acontecimientos registrados en Atoyac de Álvarez, aunque la Fiscalía no explicó las circunstancias que permitieron localizarlo en el municipio de Marquelia.

Según la dependencia, las diligencias ministeriales permitieron reunir elementos que sustentaron la solicitud de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, la cual ejecutaron las corporaciones participantes.

La institución tampoco precisó si durante este periodo existieron otras personas detenidas por los mismos hechos o si las autoridades mantienen órdenes de aprehensión pendientes contra posibles involucrados.

El caso corresponde a una investigación iniciada por acontecimientos ocurridos en 2013, cuando la víctima habría sufrido una privación ilegal de la libertad con la finalidad de obtener un beneficio económico mediante la exigencia de un rescate.

La captura representa un avance dentro del procedimiento penal, aunque todavía corresponde a las autoridades judiciales determinar si los elementos reunidos por el Ministerio Público permiten acreditar la responsabilidad del imputado.

Secuestro agravado contempla sanciones por la privación ilegal de la libertad

El delito de secuestro constituye una de las conductas que atentan directamente contra la libertad personal y puede involucrar amenazas, violencia y exigencias económicas dirigidas a los familiares de las víctimas.

En México, la legislación contempla distintas modalidades y circunstancias agravantes relacionadas con este delito, cuya aplicación depende de los hechos acreditados y de las disposiciones legales correspondientes.

En el caso de Virginio “N”, la Fiscalía formuló el señalamiento por secuestro agravado, aunque no detalló públicamente cuáles son las circunstancias específicas que sustentan esa clasificación jurídica.

La exigencia de cinco millones de pesos forma parte de los hechos que las autoridades atribuyen a los presuntos responsables y que deberán analizarse durante el procedimiento penal.

Debido a que los acontecimientos ocurrieron en 2013, las autoridades judiciales también deberán considerar las disposiciones legales aplicables al momento de los hechos, conforme a los principios que rigen el proceso penal mexicano.

Juez en Guerrero determinará la situación jurídica de Virginio “N”

Después de su captura, los agentes pusieron a Virginio “N” a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión, quien deberá determinar su situación jurídica conforme a las etapas del procedimiento penal.

Durante las actuaciones correspondientes, el Ministerio Público deberá presentar los elementos relacionados con la presunta participación del detenido en el secuestro, mientras que la defensa tendrá derecho a conocer las imputaciones y ejercer los mecanismos legales previstos para garantizar el debido proceso.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones y acciones destinadas a combatir los delitos que afectan la libertad de las personas, así como con los trabajos de coordinación entre las instituciones de seguridad.

Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer una resolución judicial definitiva contra el detenido ni ha proporcionado información adicional sobre posibles responsables del secuestro ocurrido en Atoyac de Álvarez.

La institución reiteró que las investigaciones deberán desarrollarse conforme a derecho, mientras que las autoridades judiciales serán las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

Virginio “N” mantiene su derecho a la presunción de inocencia y deberá recibir ese tratamiento mientras una autoridad judicial competente no determine su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria.