Chilpancingo de los Bravos, Gro.— La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Aldair “N”, señalado como probable responsable del delito de desaparición de personas cometido por particulares. La detención resultó de un operativo coordinado entre la Policía Investigadora Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio de 2026. Las indagatorias señalan que el imputado, bajo engaños, logró sustraer a una menor de edad —cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones legales—, manteniéndola incomunicada y privándola de su libertad, sin permitir que tuviera contacto con sus familiares o cualquier otra persona.

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Tras la ejecución del mandato judicial, el detenido se puso bajo resguardo de las autoridades competentes. En las próximas horas, Aldair “N” se presentará ante el Juez de Control correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho durante la audiencia de vinculación a proceso, donde se valorarán los elementos de prueba presentados por la representación social.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirmó su compromiso institucional de investigar y perseguir con rigor los delitos que atentan contra la libertad y la integridad de las personas, especialmente cuando se trata de menores de edad. Este logro operativo destaca la eficacia del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los órdenes de gobierno estatal y federal, estrategia clave en el combate frontal a la impunidad que se ha implementado recientemente en la entidad.

Con acciones como esta, la FGE busca enviar un mensaje contundente contra quienes intentan vulnerar los derechos fundamentales de la población. Las autoridades instaron a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier conducta sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de las infancias, garantizando que todos los casos serán atendidos con la celeridad y profesionalismo que la procuración de justicia exige.