Chilpancingo de los Bravos, Gro.— A raíz de la vinculación a proceso dictada en contra del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, Josefina Xantenco —hija del fallecido comisario municipal de Xicotlán, José Pablo Xanteco Bartolo— declaró que el homicidio de su padre se originó tras las constantes amenazas que recibió por negarse a que su comunidad continuara integrada en la CRAC Pueblos Fundadores y dicha organización.

En entrevista concedida tras el proceso judicial, la hija del excomisario sostuvo que su progenitor actuó en estricto apego a la voluntad popular expresada en una asamblea, donde los habitantes determinaron desvincularse de los grupos comunitarios al considerar que no aportaban beneficios reales y que, por el contrario, ejercían control e intimidación.

«Mi papá era un hombre honrado, campesino y en ese momento comisario municipal. Cuando asumió el cargo convocó a una asamblea y el pueblo decidió por mayoría dejar de pertenecer a la policía comunitaria porque consideraban que ya no les traía beneficios. Él solamente defendía la decisión de su comunidad y eso provocó que Plácido comenzara a verlo como un enemigo», relató.

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Josefina Xantenco explicó que los hechos se remontan al año 2021, cuando la comunidad de Xicotlán decidió cortar lazos con los llamados pueblos fundadores. Dicha resolución derivó en una serie de presiones y advertencias en contra de su padre por parte de familiares y allegados al dirigente social.

Sin embargo, reconoció que durante varios años optaron por guardar silencio y abstenerse de interponer una denuncia formal debido a la profunda situación de vulnerabilidad y temor en la que vivían.

«Nosotros no denunciamos antes por miedo, vivimos en el corredor donde está Jesús y su gente. Él decía que nadie podía hacerle nada, que tenía abogados y gente en el gobierno, lo veíamos llegar escoltado por elementos del gobierno y por eso pensábamos que nunca habría justicia para mi papá», expresó.

Asimismo, la denunciante aseguró que el hoy imputado solía irrumpir en las poblaciones escoltado por elementos de corporaciones como la Guardia Nacional, jactándose de tener influencias institucionales que lo eximían de la ley, además de obligar presuntamente a los pobladores a participar en bloqueos carreteros ajenos a los intereses locales. Bajo esta misma óptica, advirtió que es el modus operandi de ambas estructuras comunitarias para silenciar a quienes disienten o deciden apartarse de sus filas.

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Tras la determinación del juez de control que fijó prisión preventiva y un plazo de tres meses para la investigación complementaria, Josefina manifestó temor por su integridad y la de sus seres queridos, dado que continúan residiendo en la comunidad de Xicotlán, por lo que responsabilizó directamente al entorno del líder social de cualquier agresión que pudieran sufrir, al tiempo que externó un voto de confianza hacia las autoridades estatales por el acompañamiento brindado en el proceso de denuncia.

«Nosotros tenemos miedo porque así trabajan la CRAC y el CIPOG. Cuando una persona alza la voz o manifiesta su desacuerdo, la silencian. Eso fue lo que pasó con mi papá. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo a la familia de Jesús Plácido y a los coordinadores de la policía comunitaria del corredor de nuestros pueblos», sentenció.

Cabe señalar que Jesús Plácido Galindo fue detenido el pasado 17 de julio en el municipio de San Marcos por elementos estatales y ministeriales, cuando presuntamente se trasladaba a una mesa de trabajo en Acapulco con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros. El contexto de su aprehensión coincide además con la retención del director de Gobernación del Estado, Rafael Julián Arcos, y del delegado regional Germán Herrera, plagiados desde el pasado lunes, cuyos familiares ya formalizaron la denuncia por secuestro agravado y asociación delictuosa ante la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, la defensa legal del dirigente comunitario anunció que interpondrá los recursos de apelación correspondientes ante la Sala Penal para que se revise la resolución judicial, en un plazo que mantiene abierta la investigación complementaria hasta el próximo 23 de octubre, con posibilidad de prórroga.