Chilpancingo de los Bravo, 22 de enero 2024.-La orden de libertad provisional otorgada por la jueza Raquel Ivette Duarte a ocho militares acusados por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desató una controversia, provocando la reacción de la Fiscalía General de la República (FGR), que anunció acciones legales para contrarrestar esta determinación que considera perjudicial para las víctimas y para el país.

A través de un comunicado, la FGR expresó su rechazo a la decisión de la jueza, señalando que concedió «ventajas indebidas a quienes no lo merecen» y desconoció las resoluciones de otros jueces que dictaron prisión preventiva justificada para los militares implicados en el caso Ayotzinapa.

La Fiscalía anunció que presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas.

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Además, adelantó que iniciará acciones conforme al artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que sancionan como delito los actos cometidos contra la administración de justicia, entorpeciendo el proceso y otorgando beneficios indebidos a quienes no los merecen.

En este pronunciamiento, la FGR no solo señaló a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, sino también a los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.