Exhiben a magistrados y jueza por liberación del hijo de «El Marro»

En la conferencia matutina se revelan decisiones judiciales que permitieron la liberación de Luis Antonio N, alias «El Monedas», y dos presuntos cómplices.

México, 25 de junio 2024.-Este martes, durante la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, presentó a los magistrados y a una jueza que tomaron decisiones judiciales que resultaron en la liberación de Luis Antonio N, alias «El Monedas», hijo de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como «El Marro», así como de dos presuntos cómplices.

Rodríguez Bucio señaló a los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández, Hanz Eduardo López Muñoz, y Eustasio Esteban Salinas Wolberg, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22° Circuito en Querétaro, quienes votaron a favor de una suspensión provisional para revocar la prisión preventiva oficiosa impuesta al hijo de «El Marro» durante la audiencia inicial del 9 de enero de 2024, calificando dicha medida como inconstitucional.

Además, se exhibió a la jueza María del Refugio Castañeda, quien ordenó que Luis Antonio y sus cómplices se presentaran periódicamente ante las autoridades, impuso una garantía económica y les prohibió salir del país, en lugar de mantener la prisión preventiva.

Estas decisiones judiciales han generado controversia y debate sobre la aplicación de las medidas cautelares y la interpretación de la ley en casos relacionados con el crimen organizado. El gobierno ha criticado estas resoluciones, argumentando que debilitan la lucha contra la delincuencia y ponen en riesgo la seguridad pública.

El caso de «El Monedas» y sus cómplices, ligados a uno de los cárteles más violentos del país, atrajo la atención nacional, y la liberación bajo medidas cautelares menos severas se recibió con preocupación tanto por autoridades como por la sociedad civil.

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Este incidente resalta la continua tensión entre el poder judicial y las autoridades de seguridad en México, quienes buscan equilibrar la justicia y el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado.

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