En medio de una polémica creciente, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha denunciado públicamente una persecución política en su contra derivada de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas irregularidades en el manejo de más de 898 millones de pesos del Ramo 33. Sin embargo, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha aclarado que la fiscalización de recursos federales etiquetados es competencia exclusiva de la ASF, conforme a lo que establece la Constitución.
Durante una conferencia institucional difundida por la ASF, se expuso que los recursos federales destinados a fines específicos —como salud, educación o seguridad— no pueden ser auditados por entes estatales. “Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución”, enfatizó el expositor. Este posicionamiento respalda jurídicamente la postura de la alcaldesa, quien se negó a entregar documentación a la ASE argumentando que existe una auditoría federal en curso sobre el mismo recurso.
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Auditoría Superior de la Federación: los recursos federales destinados a fines específicos —como salud, educación o seguridad— no pueden ser auditados por entes estatales.
La situación escaló después de que la ASE iniciara un proceso por desacato contra la alcaldesa. No obstante, López Rodríguez ha sostenido que su negativa se basa en principios constitucionales y no en evasión de responsabilidades. Incluso ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que se está invadiendo la esfera de competencia federal.
La controversia ocurre mientras Abelina encabeza las encuestas internas para definir al candidato de Morena rumbo a la gubernatura de Guerrero en 2027, según la casa encuestadora Rubrum. Su liderazgo en las preferencias ciudadanas —22.5% frente a 21.2% de Beatriz Mojica— ha sido interpretado por algunos analistas como un posible factor detrás de los ataques institucionales que enfrenta.
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.Este caso pone en evidencia un conflicto interinstitucional entre los niveles de gobierno en Guerrero y abre el debate sobre la correcta fiscalización de los recursos públicos. Mientras tanto, la ASF se mantiene como árbitro constitucional clave para esclarecer el destino del dinero público.
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