Chilpancingo de los Bravo, Gro.- Un grupo de jueces locales en Guerrero interpuso el primer amparo colectivo contra la reforma a la Constitución estatal que suprime el derecho al haber de retiro vitalicio para los impartidores de justicia, medida que entró en vigor el pasado 27 de agosto y que impactará directamente a quienes tendrán que dejar su cargo por remoción en 2027.

El abogado Rodolfo Martínez, socio director de la firma Trusan & Roma, Abogados, informó que la demanda fue presentada ante los juzgados federales con residencia en Acapulco, en defensa de lo que consideran un derecho adquirido y un pilar de la independencia judicial.

Martínez recordó que, previo a la reforma, el numeral 99 de la Constitución local, junto con los artículos 71 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, garantizaba a los jueces guerrerenses un haber de retiro vitalicio al momento de su nombramiento y ratificación. Ese beneficio, dijo, funcionaba como una protección inherente al principio de inamovilidad judicial.

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“Con la reforma se extingue el carácter vitalicio de dicho haber de retiro, lo cual vulnera derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal”, explicó. Según el abogado, la eliminación del beneficio contraviene los principios de progresividad y pro persona, al implicar una regresión en materia de derechos humanos.

El texto reformado señala que el haber de retiro vitalicio ya no aplicará “en ningún caso”, lo que, en palabras de los promoventes, viola el principio de irretroactividad de la ley y afecta derechos adquiridos de quienes ya habían consolidado su situación jurídica con un nombramiento y ratificación.

Los jueces esperan que el amparo prospere y que se les otorgue la suspensión de la norma impugnada, lo que marcaría un precedente en la defensa de la independencia judicial en Guerrero.

“Estaremos vigilantes del cumplimiento del marco constitucional por parte de los jueces federales. Veremos si esta nueva etapa, donde se han designado perfiles sin carrera judicial, garantiza la protección de los derechos humanos o se convierte en un instrumento del oficialismo”, advirtió Martínez.