Acapulco de Juárez, Gro.- Este martes, prestadores de servicios turísticos de Acapulco realizaron una protesta en el jardín del puerto para exigir a las autoridades una explicación clara sobre las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en la zona, así como sobre el proyecto conocido como Marinabús. Los inconformes suspendieron de manera temporal los trabajos de remodelación y, como parte de su jornada de manifestación, organizaron labores de limpieza en las playas El Morro e Icacos.

Jesús Zamora Cervantes, presidente de Infraestructura del Consejo Consultivo de Turismo (ICCT), declaró que desde hace meses los prestadores han solicitado información precisa sobre el impacto que tendrán las obras y la puesta en marcha del Marinabús. Sin embargo, aseguró que hasta ahora la única respuesta ha provenido de la empresa privada encargada del proyecto, sin que se presenten documentos oficiales que avalen su legalidad.

“Nos dieron espejitos diciendo que no había afectación, pero nunca mostraron un solo oficio que respaldara esas afirmaciones. Ni PROFEPA, ni la Capitanía de Puerto, ni ninguna otra autoridad presentó pruebas”, señaló Zamora Cervantes.

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El dirigente recordó que el pasado jueves 18 de septiembre se sostuvo una reunión con representantes federales, pero esta concluyó sin acuerdos ni propuestas concretas, y tampoco se fijó una nueva fecha para retomar el diálogo. Explicó que el único compromiso fue el del delegado de Gobernación Federal, Juan Carlos Barrios Curtid, quien aseguró que gestionaría un encuentro con sus superiores para dar seguimiento al caso. No obstante, los prestadores de servicios expresaron dudas sobre la eficacia de esa gestión, al considerar que históricamente la dependencia no ha brindado soluciones viables.

Respecto a las obras de rehabilitación, los inconformes reconocieron su importancia para la modernización del puerto, aunque cuestionaron la falta de planeación en zonas turísticas como la Condesa, donde –aseguraron– se demolieron banquetas recién construidas.

Los prestadores también insistieron en que, si los trabajos ocasionan afectaciones a la actividad náutica o a los servicios turísticos, debe existir un proceso legal de indemnización, como ocurre con otras obras de infraestructura. Subrayaron que la falta de transparencia y de documentos oficiales alimenta la desconfianza entre el sector turístico, que depende de manera directa de la certeza jurídica y ambiental para seguir operando.