Iguala de la Independencia, Gro.– El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, logró obtener una suspensión otorgada por un Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, la cual impide la ejecución de la condena de 92 años de prisión que se le había impuesto por el secuestro de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), incluido su dirigente Arturo Hernández Cardona.

El Tribunal determinó que, aunque los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se reconocieron como víctimas en la causa penal de origen, “no ostentan la calidad de terceros interesados en el amparo directo promovido por José Luis Abarca Velázquez”, dado que la condena que se le atribuye no afecta directamente la reparación del daño a las familias de los normalistas.

La resolución del Colegiado precisó que la condena de Abarca se circunscribe exclusivamente al delito de secuestro en agravio de las víctimas Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante y/o Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado y/o Ramírez, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan, sin extenderse a otros casos relacionados.

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Cabe recordar que en mayo de 2023, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, absolvió al ex alcalde por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa. Esta sentencia quedó firme luego de que se confirmara por un Tribunal Colegiado, lo que impidió a la Fiscalía General de la República (FGR) impugnar el fallo.

En aquel momento, se concluyó que los elementos de prueba presentados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) eran insuficientes para acreditar la comisión del delito de delincuencia organizada por parte de Abarca. Además, se evidenció que algunos involucrados en el caso no rindieron su declaración de manera libre y voluntaria, los cuales se encontraban sometidos a coacción o tortura, y que otros acusados los detuvieron de forma ilegal por parte de la PGR.

Con esta nueva resolución, la ejecución de la sentencia de 92 años queda suspendida temporalmente, mientras los tribunales analizan los recursos legales interpuestos por la defensa de Abarca. La medida ha generado expectación entre familiares de víctimas y observadores del caso, dado que el ex alcalde sigue siendo una figura clave en uno de los casos más mediáticos de la justicia mexicana.