Acapulco de Juárez, Gro.— El caso de Stephany Carmona Rojas, integrante de la Guardia Nacional y originaria de Ajalpan, Puebla, ha conmocionado tanto a Guerrero como a su estado natal. La joven de 27 años se halló muerta dentro del 51 Batallón en Acapulco, presuntamente asesinada por su instructor, a quien las autoridades ya pudieron detenerlo para esclarecer los hechos.

De acuerdo con información oficial, la detención de Yahir Manuel “N” se llevó a cabo el pasado sábado alrededor de las 10:00 horas, en la región de Llano Largo, en Acapulco. Posteriormente, se trasladó bajo estrictas medidas de seguridad a la Primera Región Militar, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde enfrenta proceso judicial por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Stephany.

La tragedia ha revelado presuntos antecedentes de acoso laboral y hostigamiento. Según declaraciones de Fernanda Rojas, madre de la víctima, su hija le había confesado que su instructor la acosaba y presionaba constantemente, apenas nueve meses después de haberse integrado a la Guardia Nacional. Estas denuncias nunca habrían sido atendidas por la institución.

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El pasado martes por la noche, la familia recibió una llamada informando que Stephany se encontraba herida, sin que se les proporcionaran mayores detalles. Horas después, mientras viajaban rumbo a Acapulco, se notific notificados de que la joven había fallecido durante una cirugía. Al llegar al hospital, su madre confirmó la gravedad del ataque: Stephany presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

El cuerpo se trasladó el jueves a su natal Ajalpan, donde se veló en medio del dolor y la indignación de familiares, amigos y compañeros de la Guardia Nacional. El domingo siguiente, decenas de ciudadanos marcharon por las calles del municipio poblano para exigir justicia y castigo ejemplar para el responsable.

Organizaciones feministas y colectivos contra la violencia de género también se han pronunciado sobre el caso, exigiendo que la investigación sea transparente y que el proceso no quede bajo la jurisdicción exclusiva de las autoridades militares, sino que se garantice una investigación civil imparcial.

El presunto feminicidio de Stephany Carmona reabre el debate sobre la violencia de género dentro de las fuerzas armadas y de seguridad en México, así como la falta de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres uniformadas. Mientras tanto, su familia insiste en que la muerte de Stephany no debe quedar impune.