Chilpancingo de los Bravos, Gro.— Como resultado del trabajo ministerial sólido y de las indagatorias especializadas llevadas a cabo por la representación social, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) logró que un juez de la causa dictara sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de un hombre identificado como Johan “N”, alias “El Flaco”, tras hallarlo penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondía al nombre de Omar “N”, en hechos registrados en esta capital del estado.
Durante el proceso penal, las labores de investigación científica, de campo y gabinete conducidas por el personal de la FGE permitieron recabar pruebas concluyentes que acreditaron de manera fehaciente la participación directa del sentenciado en la agresión mortal. Derivado de esta contundencia probatoria, el juzgador emitió el fallo condenatorio imponiendo la pena privativa de la libertad de dos décadas, así como la obligación del pago correspondiente por concepto de la reparación del daño causado.
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Conforme a los registros de la carpeta de investigación, los acontecimientos ocurrieron el pasado 23 de junio de 2025, fecha en la que el imputado presuntamente privó de la vida a la víctima mediante detonaciones de arma de fuego al interior de un establecimiento comercial situado en la colonia Centro de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo.
Ante la gravedad del ilícito, elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscritos a la FGE desplegaron un operativo operativo que derivó, el 9 de julio de 2025, en el cumplimiento formal de la orden de aprehensión en contra de Johan “N”, a quien capturaron en la misma zona urbana y puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso legal correspondiente.
Con este tipo de resoluciones firmes, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso indeclinable con la sociedad guerrerense de procurar justicia pronta y expedita para las víctimas de delitos, combatiendo la impunidad y buscando sanciones severas para quienes atenten contra el derecho fundamental a la vida y a una convivencia pacífica.






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