Chilpancingo de los Bravo, Gro.- El Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Penal del estado para incorporar el delito de acecho, con penas de hasta dos años de prisión, y establecer sanciones específicas contra quienes presenten denuncias o declaraciones falsas de manera dolosa en perjuicio del personal docente.

Los cambios se avalaron por diputadas y diputados de la LXIV Legislatura durante la sesión del martes 22 de septiembre, mediante dos dictámenes de la Comisión de Justicia. Las reformas buscan atender conductas que, según sus promoventes, no contaban con una regulación penal suficiente en la entidad.

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La reforma en materia de acecho surgió de propuestas presentadas por la diputada Deyanira Uribe Cuevas, de Movimiento Ciudadano, y el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, del PRD.

El nuevo tipo penal contempla las conductas reiteradas de vigilancia, persecución, intimidación o contacto no deseado que provoquen daño, amenazas o temor fundado por la seguridad de una persona, su familia o su patrimonio.

Esto incluye seguir o rastrear a alguien, buscar cercanía física en contra de su voluntad y establecer comunicación insistente mediante llamadas, mensajes, redes sociales u otros medios electrónicos.

La legislación contempla que estas acciones puedan cometerse directamente o a través de terceras personas. Para los supuestos de comunicación persistente, se consideran dos o más ocasiones, conforme a lo establecido en la reforma.

Las sanciones previstas van de seis meses a dos años de prisión, además de multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Al presentar el dictamen, Ortega Jiménez señaló que la falta de una regulación específica dificultaba la atención de las víctimas y sostuvo que la incorporación del delito permitirá investigar conductas que pueden preceder a otras formas de violencia.

La reforma incorpora los artículos 220 Ter, 220 Quater y 220 Quinquies al Código Penal de Guerrero.

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En la misma sesión, el Congreso aprobó modificaciones al artículo 317 del Código Penal para establecer consecuencias específicas cuando se realicen declaraciones falsas de manera dolosa en procedimientos relacionados con personal docente.

La propuesta fue presentada por la diputada María de Jesús Galeana Radilla, del PRD, y el dictamen fue fundamentado ante el pleno por Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia.

De acuerdo con la exposición legislativa, la modificación busca atender los casos en los que una denuncia falsa se utiliza deliberadamente como mecanismo de presión, represalia o para obtener algún beneficio.

La reforma contempla un aumento de las penas cuando se acrediten los supuestos establecidos para declaraciones falsas contra o a favor de docentes. También prevé medidas de reparación del daño, entre ellas una indemnización de hasta mil días de multa y la publicación de la sentencia absolutoria en los medios señalados por la disposición.

La sanción se refiere a conductas dolosas que deben acreditarse conforme a la ley. El hecho de que una denuncia no prospere o concluya sin una sentencia condenatoria no significa, por sí solo, que haya sido falsa.

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Durante la discusión de ambos dictámenes, los legisladores expusieron que el acecho puede afectar de manera sostenida la tranquilidad y seguridad de las víctimas, incluso cuando las conductas ocurren por medios digitales.

En cuanto a la reforma relacionada con el magisterio, sus promoventes señalaron que las acusaciones deliberadamente falsas pueden ocasionar afectaciones personales y profesionales, además de generar procedimientos innecesarios ante las instituciones de justicia.

Con la aprobación de los dictámenes, el Congreso dio paso a la incorporación de ambas modificaciones al marco penal estatal. Su aplicación deberá sujetarse al texto legal correspondiente y a las garantías procesales de las personas involucradas.