Chilpancingo de los Bravo, Gro.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que transforma la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, prevenir irregularidades administrativas y modernizar los mecanismos de supervisión gubernamental.

La iniciativa, que presentó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, busca adecuar la estructura del Poder Ejecutivo estatal al nuevo modelo constitucional de simplificación orgánica y ampliar las herramientas institucionales para promover la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas.

La LXIV Legislatura aprobó el dictamen durante la sesión del martes 20 de octubre, con 29 votos a favor, de acuerdo con reportes legislativos. Posteriormente, la mandataria reconoció a las diputadas y diputados por respaldar la propuesta y permitir que Guerrero avance en la reorganización de sus instituciones.

Entre los principales cambios destaca la asignación de 48 atribuciones a la nueva dependencia, así como una reorganización de los Órganos Internos de Control, que pasarán a depender directamente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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La reforma modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para establecer una nueva estructura institucional encargada de supervisar el ejercicio de las funciones públicas.

De acuerdo con el Congreso de Guerrero, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contará con 48 atribuciones relacionadas con el control interno, la fiscalización, la evaluación del desempeño y la prevención de irregularidades.

El nuevo esquema también contempla acciones para promover la integridad en el servicio público, simplificar trámites administrativos, fortalecer el gobierno digital y facilitar el acceso a datos abiertos.

La modificación busca cambiar el enfoque de supervisión gubernamental para que las instituciones no se limiten a investigar irregularidades después de que ocurran, sino que también desarrollen mecanismos preventivos.

Esto implica fortalecer los procedimientos de revisión, identificar posibles riesgos administrativos y mejorar el seguimiento de las actividades que realizan las dependencias estatales.

Sin embargo, la aprobación de la reforma no representa por sí misma una reducción de los actos de corrupción. Sus resultados dependerán de la implementación de las nuevas atribuciones, los recursos disponibles y la capacidad de las instituciones para ejercer sus funciones.

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Uno de los cambios más importantes corresponde a la reorganización de los Órganos Internos de Control, responsables de revisar el cumplimiento de las obligaciones administrativas dentro de las instituciones públicas.

Con la reforma, estos órganos dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en lugar de mantener esa relación con las dependencias cuyas actividades supervisan.

El Congreso considera que esta modificación permitirá fortalecer la autonomía operativa de las áreas encargadas de la vigilancia y disminuir posibles conflictos derivados de su ubicación dentro de las estructuras administrativas.

En términos prácticos, la nueva organización busca que los responsables de revisar la actuación de las instituciones cuenten con una línea de autoridad distinta de aquella que corresponde a los funcionarios sujetos a supervisión.

La medida forma parte de los ajustes institucionales que contempla la reforma, aunque su eficacia dependerá de las reglas de operación y de los mecanismos que adopte la nueva Secretaría.

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Durante la discusión del dictamen, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, explicó que la reforma continúa el proceso de armonización legislativa que Guerrero inició a partir de las modificaciones constitucionales federales.

La legisladora recordó que el Gobierno de México impulsó un nuevo modelo institucional mediante la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que apareció en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.

En Guerrero, el Congreso avanzó previamente con el Decreto 257, cuya publicación ocurrió el 21 de abril de 2026, para adecuar la Constitución estatal a las disposiciones correspondientes.

Con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica, los legisladores buscan completar esa armonización mediante cambios específicos en el funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Durante su intervención, Calixto Jiménez sostuvo que la nueva legislación permitirá reorganizar las facultades administrativas y reducir la duplicidad de funciones entre instituciones.

La diputada también destacó que los cambios buscan construir un modelo de supervisión que incorpore herramientas tecnológicas y mecanismos de prevención.

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La transformación institucional también contempla las funciones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

De acuerdo con el dictamen, la reorganización no elimina estos derechos, sino que establece mecanismos para mantener su ejercicio dentro de la nueva estructura administrativa.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá las atribuciones que le correspondan conforme al marco legal, mientras las instituciones deberán continuar atendiendo sus obligaciones en materia de transparencia.

Este aspecto resulta relevante porque la simplificación orgánica implica modificar la distribución de responsabilidades entre dependencias sin suprimir los derechos que reconoce la legislación.

La reforma también incorpora herramientas de gobierno digital y datos abiertos, con las que las autoridades buscan facilitar el acceso a información administrativa y modernizar determinados procedimientos.

No obstante, todavía será necesario conocer cómo operarán estos mecanismos y qué ajustes realizarán las dependencias para atender las solicitudes ciudadanas bajo el nuevo esquema.

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El dictamen contempla un periodo de transición para implementar la nueva estructura administrativa y actualizar las disposiciones necesarias para su funcionamiento.

Según el Congreso, las autoridades contarán con 90 días naturales para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes, una vez que resulten aplicables los plazos establecidos por la reforma.

Durante esta etapa, las instituciones deberán organizar la transferencia de funciones, responsabilidades y procedimientos hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El documento también establece medidas para garantizar la continuidad de los expedientes que actualmente se encuentran en trámite, con el propósito de evitar que la reorganización interrumpa las actuaciones administrativas.

Asimismo, contempla el respeto a los derechos laborales del personal que deba incorporarse a la nueva estructura.

Los trabajadores conservarán su antigüedad y prestaciones conforme a las disposiciones aplicables, mientras las autoridades realizan los ajustes institucionales.

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Después de la aprobación legislativa, Evelyn Salgado Pineda reconoció la participación de las diputadas y diputados que respaldaron la iniciativa presentada por su administración.

La gobernadora señaló que la transformación de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental forma parte de los esfuerzos para fortalecer la supervisión del ejercicio público y modernizar las instituciones estatales.

Desde la perspectiva del Gobierno de Guerrero, la nueva dependencia permitirá reunir herramientas relacionadas con la prevención de irregularidades, el control interno, la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público.

La aprobación representa un cambio en la organización administrativa del estado, pero su puesta en marcha requerirá ajustes reglamentarios, procedimientos internos y coordinación entre distintas dependencias.

Una vez que concluya la transición, corresponderá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicar las atribuciones que establece la legislación y demostrar su efectividad mediante resultados verificables.