Ciudad de México. – México cuenta con una nueva legislación que busca transformar la manera en que ciudadanos, empresas y autoridades realizan sus operaciones económicas. Se trata de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se reportó el 4 de noviembre de 2026, con entrada en vigor al día siguiente.

De acuerdo con la información difundida sobre esta disposición, el nuevo marco busca promover el uso de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y otros medios digitales en establecimientos comerciales, servicios y trámites gubernamentales. Uno de los puntos que mayor interés ha despertado es la posibilidad de establecer actividades económicas en las que los pagos electrónicos se conviertan en una obligación.

La medida ha generado preguntas sobre el futuro de los billetes y monedas, especialmente entre las personas que habitualmente utilizan efectivo para realizar sus compras cotidianas.

Sin embargo, es importante distinguir entre la promoción de pagos electrónicos, las disposiciones que puedan establecerse para sectores específicos y una eventual prohibición general del efectivo. Estas situaciones no son equivalentes y requieren reglas jurídicas diferentes.

¿Qué cambiaría con las nuevas disposiciones de la nueva ley de pagos digitales?

El objetivo de ampliar los pagos digitales consiste en facilitar transacciones mediante herramientas electrónicas y reducir la dependencia del dinero físico en determinadas operaciones.

Entre las alternativas disponibles se encuentran las tarjetas de crédito y débito, las transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y los mecanismos de cobro mediante códigos QR.

También existen herramientas como Cobro Digital, conocido como CoDi, desarrollado dentro de la infraestructura del Banco de México para facilitar determinadas operaciones electrónicas.

Estos sistemas permiten realizar pagos sin entregar físicamente dinero al establecimiento, aunque sus condiciones de funcionamiento varían según la institución financiera, el mecanismo utilizado y la infraestructura disponible.

Para que una transición de esta naturaleza funcione de manera adecuada, tanto los establecimientos como los consumidores necesitan contar con medios accesibles, seguros y suficientemente extendidos.

¿El gobierno podrá prohibir los pagos en efectivo?

Uno de los principales temas de discusión corresponde a las facultades que podrían ejercer las autoridades para establecer pagos electrónicos obligatorios en determinadas actividades.

La información difundida sobre la Ley de Economía Digital señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría responsabilidades para identificar sectores estratégicos y determinar las condiciones bajo las cuales podrían operar mecanismos de pago exclusivamente electrónicos.

Sin embargo, la existencia de una disposición que permita establecer obligaciones sectoriales no significa que todos los establecimientos del país deban dejar de aceptar billetes y monedas de manera inmediata.

Para que las obligaciones sean exigibles, es necesario conocer las disposiciones específicas aplicables a cada actividad y los plazos que establezcan las autoridades competentes.

También debe considerarse que el efectivo conserva su reconocimiento como medio de pago dentro del sistema monetario mexicano, por lo que cualquier restricción necesita contar con un fundamento jurídico claro.

Por ello, los consumidores no deben interpretar los anuncios sobre digitalización como una orden general para abandonar inmediatamente los pagos tradicionales.

¿Qué ocurrirá cuando falle internet o una terminal bancaria?

La dependencia de herramientas electrónicas plantea interrogantes sobre las consecuencias de una interrupción de internet, una falla bancaria o un problema de suministro eléctrico.

En distintas regiones del país, estas situaciones pueden impedir temporalmente el procesamiento de operaciones, especialmente cuando los establecimientos dependen de terminales bancarias o aplicaciones conectadas a internet.

Por esta razón, cualquier esquema obligatorio de pagos digitales requiere mecanismos de contingencia que permitan continuar las operaciones cuando surjan problemas técnicos.

La información divulgada sobre el nuevo marco contempla excepciones para determinadas circunstancias extraordinarias, aunque su aplicación concreta deberá atender las disposiciones oficiales correspondientes.

Estas previsiones resultan relevantes para evitar que una falla tecnológica impida a las personas adquirir combustible, pagar un servicio indispensable o realizar otras operaciones cotidianas.

¿Cómo afectará a quienes no tienen una cuenta bancaria?

Uno de los desafíos más importantes será garantizar que las personas sin acceso a servicios financieros puedan utilizar los mecanismos establecidos por las autoridades.

En México, una parte de la población todavía depende principalmente del efectivo, ya sea por sus condiciones económicas, por la falta de infraestructura bancaria o por las dificultades para utilizar herramientas tecnológicas.

Esta situación resulta especialmente relevante en comunidades rurales y localidades donde el acceso a internet es limitado, así como entre adultos mayores y pequeños comerciantes que desarrollan sus actividades mediante operaciones en efectivo.

La transición también podría generar gastos adicionales para establecimientos que necesiten adquirir terminales, contratar servicios financieros o modificar sus mecanismos de cobro.

Por ello, la ampliación de los pagos digitales requiere estrategias de inclusión financiera, capacitación y acceso a infraestructura que permitan evitar nuevas barreras para los consumidores.

¿Qué deben hacer los ciudadanos ante la nueva ley de pagos digitales?

Los consumidores pueden familiarizarse con las herramientas de pago disponibles, conocer los costos asociados con determinados servicios y consultar las medidas de seguridad que ofrecen las instituciones financieras.

También conviene desconfiar de mensajes que aseguren que todos los billetes dejarán de ser válidos o que será obligatorio contar inmediatamente con una tarjeta bancaria para cualquier compra.

Mientras las autoridades no establezcan disposiciones específicas para una actividad, los anuncios generales sobre digitalización no deben confundirse con restricciones de aplicación inmediata.

El avance de los pagos electrónicos representa una transformación importante en las operaciones económicas del país, pero su implementación deberá considerar tanto las condiciones de los establecimientos como las necesidades de los consumidores.