Revelan que el INE adjudicó directamente 96% de más de 13 mil contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei

Un análisis de contratos del INE revela que 96% de más de 13 mil 300 asignaciones entre 2025 y 2026 se realizaron mediante adjudicación directa, por más de 2 mil 829 millones de pesos.

Ciudad de México. – El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó mediante adjudicación directa aproximadamente 96% de los más de 13 mil 300 contratos que celebró entre enero de 2025 y septiembre de 2026, durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, de acuerdo con una investigación periodística que analizó información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El reportaje, difundido este lunes 16 de noviembre por el diario La Jornada, señala que el monto acumulado de estas contrataciones supera los 2 mil 829.7 millones de pesos y que los procedimientos abarcaron servicios de vigilancia, limpieza, tecnología, arrendamientos y otras actividades necesarias para el funcionamiento del organismo electoral.

Los datos abren preguntas sobre la utilización de adjudicaciones directas dentro de una institución que administra recursos públicos y desarrolla responsabilidades fundamentales para la organización de las elecciones en México.

Sin embargo, la utilización de este mecanismo de contratación no constituye automáticamente una irregularidad administrativa o un delito, pues la normativa permite recurrir a él bajo determinadas condiciones.

Más de 13 mil contratos emitidos en la gestión de Guadalupe Taddei fueron revisados

La investigación periodística examinó registros de contratos celebrados por diferentes áreas del INE, incluidas juntas locales y distritales distribuidas en distintas entidades federativas.

El análisis identificó una proporción elevada de procedimientos de adjudicación directa, mecanismo mediante el cual una institución puede contratar bienes o servicios sin desarrollar una licitación pública tradicional, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Entre las contrataciones identificadas aparecen servicios relacionados con seguridad privada, vigilancia de instalaciones, limpieza, telecomunicaciones y programas informáticos.

Las actividades resultan relevantes para el funcionamiento cotidiano del instituto, particularmente porque mantiene oficinas, módulos de atención y estructuras administrativas en diferentes regiones del país.

No obstante, la frecuencia con la que una institución utiliza determinada modalidad de contratación puede motivar revisiones sobre las razones administrativas que justificaron cada decisión.

Para establecer si existieron incumplimientos sería necesario examinar los expedientes individuales, los montos autorizados y las disposiciones que permitieron utilizar esos procedimientos.

Empresas de seguridad recibieron contratos millonarios

Entre las compañías mencionadas aparece Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que recibió al menos 221 contratos durante el periodo revisado.

El reportaje señala que la empresa obtuvo asignaciones para desarrollar actividades de vigilancia y limpieza en distintas instalaciones del organismo.

Otra compañía identificada es Jurídicos Integrales FBP, con al menos 96 contratos que, en conjunto, alcanzaron aproximadamente 54.13 millones de pesos.

También aparecen Vigilancia y Protección a la Sociedad, con contrataciones superiores a 43 millones de pesos; Seguridad Privada Guns 8A, con aproximadamente 22.8 millones, y Protección y Logística Empresarial VYMSA, con alrededor de 12.2 millones.

La investigación también señala que algunas personas físicas recibieron múltiples contratos mediante diferentes áreas administrativas del instituto.

Entre los casos mencionados figura Ana María Juárez Hernández, con asignaciones que, de acuerdo con el análisis periodístico, alcanzan al menos 49.5 millones de pesos mediante distintas contrataciones.

Estas cifras corresponden a registros examinados por el medio y no significan, por sí mismas, que las empresas o personas involucradas hayan cometido alguna conducta ilícita.

Contrataciones incluyen tecnología y videovigilancia

El análisis también aborda adquisiciones relacionadas con herramientas tecnológicas y sistemas de vigilancia utilizados dentro del INE.

Entre los contratos de mayor monto se encuentra uno celebrado con AMPS para la Integración y Articulación, empresa vinculada con la instalación de cámaras de videovigilancia y dispositivos de captación de audio en determinadas áreas del organismo.

La colocación de estos equipos había generado cuestionamientos, particularmente por su presencia en espacios utilizados por representantes de medios de comunicación y personal institucional.

Según los reportes publicados, algunos de los dispositivos fueron retirados recientemente.

La contratación de sistemas tecnológicos dentro de una institución pública requiere considerar tanto las necesidades de seguridad como las disposiciones relacionadas con privacidad, transparencia y protección de datos personales.

Por ello, cualquier revisión deberá distinguir entre las características técnicas de los equipos, las condiciones de contratación y las reglas que correspondan a su utilización.

La información requiere revisión institucional

Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE durante octubre de 2026, por lo que la publicación del reportaje ocurre en una etapa de reorganización de la dirección del organismo.

La institución también enfrenta cuestionamientos relacionados con su presupuesto y otros procedimientos administrativos, asuntos que deberán examinarse de manera independiente.

La investigación de La Jornada se basa en registros de contrataciones, pero no equivale a una resolución de responsabilidad administrativa o penal.

Para determinar si alguna adjudicación incumplió las disposiciones legales, las autoridades competentes tendrían que revisar los expedientes y garantizar los procedimientos correspondientes.

Por ahora, la principal información conocida es la elevada proporción de contratos adjudicados directamente y los montos asociados con ese mecanismo.

El caso coloca nuevamente bajo atención pública la necesidad de transparentar cómo utilizan los organismos autónomos sus recursos y cuáles son los criterios que justifican sus decisiones de contratación.

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