México.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha presentado su renuncia anticipada, cumpliendo con el procedimiento constitucional. Sin embargo, la decisión refleja su desacuerdo con la reciente reforma judicial que acorta su periodo, originalmente programado hasta el 10 de diciembre de 2030. Este miércoles, el Senado de la República recibió también las renuncias de otros siete ministros de los once que conforman el pleno de la SCJN, todos ellos críticos de la reforma y sin vínculos con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su carta, Norma Piña expone que su renuncia, con efectos al 31 de agosto de 2025, es una muestra de respeto y congruencia con el texto constitucional actual, pero enfatiza su desacuerdo con la reducción de su mandato. “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030”, puntualiza. En la opinión pública, este acto se ha interpretado como un mensaje de protesta ante los cambios promovidos por el oficialismo, los cuales se consideran, por algunos sectores, como un intento de intervención en la independencia del Poder Judicial.

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Las cartas de renuncia de los ministros se han revelado progresivamente, destacando los documentos de figuras como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisey y Ana Margarita Ríos Farjat. Esta última ha generado controversia al renunciar también a la pensión vitalicia a la que tendría derecho, sugiriendo que esos fondos se redirijan a programas en beneficio de niños en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, legisladores de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum han cuestionado el momento de las renuncias, sugiriendo que los ministros podrían estar buscando asegurar los haberes de retiro que recientemente se autorizaron. La situación plantea una interrogante sobre el futuro del proceso, ya que el Senado debe aprobar las renuncias para que sean efectivas, y en caso de que Morena y sus aliados se opongan, podría abrirse un debate constitucional sobre los límites de la independencia judicial y el alcance de las recientes reformas.