Acapulco de Juárez, Gro.- Este pasado viernes, a través de una entrevista que se realizó en la transmisión de VO Noticias, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), delegación Acapulco, Enrique Castro Soto, denunció que las autoridades del Gobierno Municipal del puerto están exigiendo realizar y entregar pruebas de detección de VIH de colaboradores de la industria restaurantera.

Durante la entrevista, Enrique Castro mencionó que existe una preocupación por los diferentes cobros excesivos y operativos que el municipio está realizando y que no van acordes a la situación actual y la crisis de la que se viene saliendo a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, el presidente de la Cámara restaurantera también enfatizó que existe aún mayor preocupación por parte de la industria de la restauración al verse obligados a exigir pruebas de VIH para todos los colaboradores que trabajen dentro del sector de la preparación de alimentos y bebidas, pues lo consideran un acto discriminatorio y que viola los derechos humanos de las personas que laboran en sus empresas.

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En el diálogo expuso que estas pruebas se planean exigir por parte de las autoridades municipales cada tres meses. Ante tal situación, el gremio restaurantero emitió un oficio dirigido a la Secretaría de Salud para exponer la inconformidad al no ser un giro empresarial de riesgo sanitario en lo que respecta a la transmisión del VIH; institución que en respuesta mencionó que estas pruebas se realizarán a todos los involucrados en la atención a clientes y comensales, sin excepción.

Enrique Castro Soto dijo en dicha entrevista que no se tiene registro que en otros municipios o en otros estados ocurra una situación similar dentro de las delegaciones de la CANIRAC, por lo que consideran esta medida como algo injusto, anticonstitucional y una violación a los derechos de las personas, por lo que suscribió que en caso de no encontrar un diálogo con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, para frenar estos actos de discriminación, la industria restaurantera recurrirá a amparos para evitar que sus colaboradores se sometan a una prueba trimestral de VIH, así como a otros cobros excesivos que están realizando pese a la situación económica y de inflación que se vive en el puerto y en el país.

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Ante este problema, el presidente de la CANIRAC enfatizó en que el diálogo con la alcaldesa de Acapulco, en un principio, estaba yendo por buena dirección; pero la situación se volvió tensa y crítica a partir de que asumió el cargo la nueva directora de ingresos del municipio, Luisa Gonzalez de Jesús, misma a la que acusan de ser promotora de recurrir a abusos por medio de operativos en contra de restaurantes establecidos legalmente. Cabe mencionar que existen otros gremios empresariales e incluso trabajadores municipales ya han denunciado por supuestos abusos de poder de esta funcionaria pública.

Es de mencionar que tanto el presidente de la CANIRAC, como los empresarios restauranteros asociados a la Cámara exponen que se encuentran en una postura difícil, debido a que mencionan que la intención del municipio de realizar estas pruebas es despedir a empleados que salgan positivos a VIH por «representar un riesgo sanitario» para la población, así como «un foco de infección» ante un supuesto aumento de casos de VIH en Acapulco.

Por otro lado, la CANIRAC se muestra en desacuerdo a la situación del comercio informal el cual mencionó el presidente de la Cámara, que está exento de multas, operativos, supervisiones y, además, de la vigilancia trimestral de pruebas de VIH a empleados que ya implementó y se encuentra exigiendo el municipio a los restaurantes establecidos.

Hasta el momento el Gobierno Municipal de Acapulco no ha emitido algún comunicado al respecto de la exigencia de estas pruebas al gremio restaurantero que, además de ser discriminatorias y violar los derechos humanos de los trabajadores, promueven la serofobia y la desinformación.