Gobierno de Guerrero denuncia falta de acción de la Fiscalía en caso Ayotzinapa

SSP responde a acusaciones sobre policías implicados en crimen de normalista

Chilpancingo de los Bravo, 13 de marzo 2024.-El Gobierno de Guerrero denunció públicamente la falta de acción de la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación con el caso del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, quien resultó muerto en circunstancias aún no esclarecidas. Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la FGE se negó a detener a los policías estatales implicados en el crimen.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SSP, la Fiscalía se deslindó de la detención de los policías, incluido uno que se dio a la fuga después de acusársele por el homicidio, y culpó a la corporación de seguridad.

SSP responde a acusaciones sobre policías implicados en crimen de normalista

La SSP ha destacado que desde el inicio de las investigaciones, los agentes implicados han colaborado, rindiendo su declaración ministerial sin objeciones.

Sin embargo, la Fiscalía no tomó las medidas correspondientes, como retener a los involucrados durante al menos 48 horas o solicitar una orden de aprehensión.

La SSP también afirmó que intentaron establecer comunicación con la Fiscalía para coordinar acciones, pero no obtuvieron respuesta.

Asimismo, aseguran que los otros dos policías involucrados están resguardados de manera voluntaria para esclarecer los hechos, mientras que a uno más lo buscan por no contar con una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente.

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En su comunicado, la SSP reafirma su compromiso con la legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Además, se comprometen a seguir brindando facilidades a la Fiscalía General de la República, que tomó el caso, con el fin de garantizar que estos lamentables acontecimientos no queden impunes.

Este nuevo giro en el caso de Ayotzinapa pone de manifiesto las tensiones entre las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia en México y plantea interrogantes sobre la eficacia y la transparencia de las investigaciones en casos de violaciones graves de los derechos humanos.

La sociedad espera respuestas claras y acciones concretas para garantizar que se haga justicia en este caso tan emblemático.

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