Desde el Senado de la República, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron un llamado enérgico al Gobierno Federal para que no utilice los programas sociales con propósitos electorales.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, expresó en la tribuna senatorial la importancia de que el Senado emita un spot para aclarar que los programas sociales están establecidos en la Constitución y que no pueden ser eliminados por ninguna circunstancia.

Añorve Baños denunció prácticas por parte de los llamados «servidores de la Nación», quienes según sus palabras, visitan hogares y advierten a la población que si no votan por ciertos partidos políticos, perderán los beneficios de los programas sociales.

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«La gente ya está enfrentando a estos servidores de la nación que intentan influir en el voto, pero también es responsabilidad del Senado desmentir estas falsedades y aclarar la verdad», afirmó el coordinador del PRI en el Senado.

Asimismo, destacó que los programas sociales son un derecho garantizado por la Constitución y que la propuesta del PRI, así como de otras fuerzas políticas, es incrementar estos programas año tras año, incluyendo la reducción de la edad de elegibilidad para el programa de adultos mayores de 65 a 60 años.

Por otro lado, la senadora Nancy de la Sierra recordó que el programa de apoyo a adultos mayores y el programa de apoyo a la Educación para Jóvenes de preparatoria y universidad ya existían desde administraciones anteriores, desmintiendo así las afirmaciones de que fueron iniciativas exclusivas del actual gobierno.

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De la Sierra también instó al bloque oficialista a no desinformar a la población, señalando que durante su gestión en el gobierno anterior, a través del programa Prospera, todos los jóvenes de preparatoria y universidad recibían becas a través de sus padres, refutando así las negaciones sobre la existencia de dicha ayuda.

Los senadores del PRI enfatizaron la importancia de garantizar la transparencia en el uso de los programas sociales y evitar que sean utilizados con propósitos electorales, subrayando su compromiso con el bienestar de la población y el fortalecimiento de los derechos sociales.