México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha emprendido una serie de investigaciones penales dirigidas a jueces y magistrados que han otorgado suspensiones a la reforma judicial, considerándolas como posibles delitos de abuso de autoridad. Esta decisión se toma en respuesta a denuncias formales presentadas por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo que ha suscitado un ambiente de preocupación en el sistema judicial.

Fuentes judiciales revelaron que la FGR ha solicitado copias de los expedientes relacionados con las suspensiones concedidas por los jueces implicados, notificándoles mediante correos electrónicos sobre la investigación que enfrentan. De acuerdo con estas fuentes, el objetivo de las investigaciones es ejercer presión sobre los jueces que no alinean sus decisiones con los criterios del actual sistema de justicia.

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Los jueces afectados interpretan estas acciones como un intento de intimidación, señalando que en regímenes autoritarios y autocráticos se suelen emplear tácticas similares para coaccionar a los encargados de impartir justicia. Aseguran que la FGR está utilizando la vía penal y administrativa para ejercer presión sobre aquellos magistrados que han otorgado suspensiones a la reforma.

Las fuentes también enfatizaron que, debido al fuero orgánico que protege a los jueces, para que se pueda llevar a cabo una consignación penal es indispensable que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los desafuere. Sin esta acción, las investigaciones podrían resultar en la apertura de carpetas de investigación, pero no podrían ser presentadas ante un juez penal sin antes eliminar el fuero.

Además de las investigaciones penales, los jueces se enfrentan a quejas administrativas disciplinarias presentadas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Este procedimiento podría culminar en un proceso disciplinario que, si se determina una falta grave, podría resultar en sanciones como la destitución de su cargo.

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En respuesta a esta situación, los jueces han solicitado medidas cautelares ante las Relatorías de Naciones Unidas para proteger su independencia judicial y evitar lo que califican como una persecución estatal. En una conferencia de prensa matutina el 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció que el gobierno federal planea presentar denuncias contra los jueces que han otorgado amparos en contra de la reforma.

Asimismo, se prevé que el contexto judicial se complique en 2025, cuando se renueve el CJF y se integre un nuevo Tribunal de Disciplina. Esta renovación en el consejo podría influir en la postura hacia los jueces que han otorgado suspensiones, lo que podría marcar el inicio de una persecución política hacia aquellos que han actuado de acuerdo con sus principios en lugar de seguir la línea establecida por el sistema. Hasta el momento, se estima que existen alrededor de 170 suspensiones relacionadas con la reforma judicial, involucrando entre 20 y 30 jueces.