Ciudad de México.- A un mes de haber renunciado como abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra se integró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la información oficial del máximo tribunal, Rosales ya funge como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

El nuevo cargo le otorga un sueldo neto mensual de 118 mil 138 pesos, además de diversas prestaciones laborales, entre ellas aguinaldo, vacaciones, primas quincenales, seguro de gastos médicos mayores, seguro de retiro y de separación individualizado, así como apoyos adicionales como estímulos por paternidad, ayuda para lentes, incapacidad médica, defunción y jubilación.

El pasado 20 de agosto, Rosales Sierra había anunciado públicamente su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la representación legal de los familiares de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. En su carta de renuncia afirmó que se retiraba “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto” y con la convicción de haber contribuido en la defensa de las causas de los pueblos. Señaló que su compromiso con las comunidades indígenas y los movimientos sociales permanecería intacto, aunque admitió que su decisión se debía a motivos de salud, falta de recursos y ausencia de respaldo político.

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En esa misma fecha, el abogado reveló que mantenía diálogo con el ministro Hugo Aguilar Ortiz, pero aclaró que aún no existía un acuerdo formal para integrarse a su equipo de trabajo. Ahora, su incorporación se confirma en uno de los órganos más relevantes del Poder Judicial, lo que marca un giro significativo en su trayectoria profesional.

Vidulfo Rosales, nacido en 1976 en la comunidad de Totomixtlahuaca, Guerrero, se ha dedicado por más de dos décadas a la defensa de los derechos humanos, con énfasis en los pueblos originarios y sectores históricamente marginados. Su nombre quedó estrechamente ligado al caso Ayotzinapa, en el que asumió la representación de las familias desde los primeros días de la tragedia ocurrida en septiembre de 2014.

La llegada de Rosales a la Suprema Corte ocurre en un momento en que el caso Ayotzinapa sigue abierto y sujeto a diversas investigaciones judiciales y políticas. Aunque el abogado ya no forma parte del equipo legal de las familias, su paso a la institución judicial genera diversas lecturas en torno al papel que jugará dentro del máximo tribunal del país y la influencia que podrá ejercer desde esa posición en temas vinculados a derechos humanos y justicia social.