Acapulco de Juárez, Gro.- La muerte de la agente de la Guardia Nacional, Stephany Carmona Rojas, de 19 años, ha generado indignación nacional y puesto bajo escrutinio las condiciones internas dentro de los cuerpos de seguridad federales. La joven, originaria de Ajalpan, Puebla, fue asesinada el pasado 14 de octubre dentro del 51º Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en Acapulco, Guerrero, donde se encontraba adscrita desde hace varios meses.

De acuerdo con los primeros informes periciales, el cuerpo de Stephany se halló con dos disparos en la cabeza dentro de las instalaciones militares. El principal sospechoso es el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien presuntamente habría utilizado su arma de cargo para cometer el crimen antes de darse a la fuga. Pese a que el homicidio ocurrió dentro de un cuartel federal, las autoridades no habrían impedido su salida, hecho que ha levantado cuestionamientos sobre posibles omisiones institucionales y la falta de protocolos de reacción inmediata.

En un primer comunicado, la Guardia Nacional informó a la familia que la muerte de la joven resultó de un “accidente durante una práctica de tiro”, versión que se desmintió horas después por los propios familiares y por el resultado del peritaje. La madre de Stephany, María Fernanda Carmona, relató que recibió la noticia en circunstancias contradictorias. “Me dijeron que había salido de cirugía, pero cuando llegué al hospital encontré a mi hija dentro de una bolsa negra. Nada de lo que me dijeron tenía sentido”.

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Horas antes del crimen, comenzaron a difundirse en redes sociales presuntas conversaciones entre la víctima y una amiga cercana, en las que la joven narraba abusos y hostigamientos que habría sufrido dentro de la corporación. “Me han humillado, gritado, madreado, hasta acosado, y aquí sigo”, escribió en uno de los mensajes. En otro fragmento, reconocía que había presentado un parte interno sin obtener respuesta: “Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”.

De acuerdo con testimonios de compañeras, Stephany ya había denunciado formalmente acoso sexual y laboral ante sus superiores, sin que se iniciara investigación interna alguna. Colectivos feministas y asociaciones de derechos humanos han denunciado que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una serie de denuncias que apuntan a un patrón de violencia de género y encubrimiento dentro de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad federales.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que mantiene un operativo de búsqueda en terminales de autobuses y el aeropuerto de Acapulco para localizar al presunto responsable, quien continúa prófugo. En tanto, la dependencia estatal realiza las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio, en coordinación con autoridades federales.

En su natal Ajalpan, Puebla, la comunidad se unió en torno a la familia de la joven. La noche del 16 de octubre, los restos de Stephany fueron recibidos entre aplausos, globos blancos y veladoras. Al día siguiente se llevó a cabo el funeral, donde familiares, amigas y vecinos exigieron justicia bajo el lema #JusticiaParaStephany, símbolo que ha comenzado a replicarse en redes sociales.

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El Ayuntamiento de Ajalpan emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y con apego a la ley, reiterando su respaldo a los familiares. Mientras tanto, organizaciones feministas de Puebla y Guerrero han convocado a marchas simultáneas para exigir justicia y denunciar la impunidad estructural que enfrentan las mujeres dentro de las instituciones armadas.

A raíz del caso, diversos colectivos recordaron antecedentes recientes de violencia de género dentro de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, incluyendo denuncias de acoso, hostigamiento y abuso sexual por parte de mandos. Hasta el momento, la corporación no ha emitido un posicionamiento público que reconozca fallas o posibles responsabilidades administrativas en torno al asesinato.

El caso de Stephany Carmona Rojas no sólo representa una tragedia individual, sino que también reaviva el debate sobre la presencia de las mujeres en cuerpos de seguridad y la urgencia de mecanismos efectivos de protección interna. Especialistas en derechos humanos advierten que, sin investigaciones transparentes y sanciones ejemplares, los entornos castrenses seguirán siendo espacios donde las víctimas enfrentan silencio institucional.

La familia de Stephany continúa exigiendo que el crimen no quede impune. “Mi hija soñaba con servir a México. Ahora le pido al Estado que la proteja, aunque sea con justicia”, expresó su madre durante el sepelio, entre muestras de indignación y respaldo ciudadano.