Acapulco, Gro.- Un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Nicolás “N”, un sacerdote católico señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad. Los hechos que se le imputan ocurrieron en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande, abriendo un complejo e impactante proceso judicial en el sector eclesiástico del estado.

La captura del clérigo fue ejecutada por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en coordinación con fuerzas federales y estatales de seguridad. El operativo de detención se consolidó en el exterior de una parroquia ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, en el puerto de Acapulco, cumplimentando de manera formal la orden de aprehensión que pesaba en su contra. Hasta antes de su detención, el investigado se desempeñaba de manera activa como párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en la cabecera municipal coyuquense.

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Durante el desahogo de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que existían los elementos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal. Sin embargo, como parte de las medidas cautelares fijadas por el tribunal, se determinó que el imputado podrá continuar su proceso legal en libertad. Para acceder a este beneficio, el juez le impuso la obligación de exhibir una garantía económica por la cantidad de un millón de pesos en efectivo.

De igual manera, el párroco procesado tiene estrictamente prohibido abandonar los límites territoriales del municipio de Acapulco de Juárez. Como candado de seguridad adicional, deberá presentarse de forma periódica a firmar ante el libro de registro de la Unidad de Medidas Cautelares de los juzgados locales para garantizar que no evadirá la acción de la justicia mientras se desarrollan las etapas procesales.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, los agravios físicos y emocionales en contra de la menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo estricto resguardo oficial, habrían ocurrido el pasado 6 de noviembre de 2025. Tras la vinculación formal, el juzgador otorgó un plazo perentorio de dos meses a la Fiscalía General del Estado para la realización de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes deberán aportar las pruebas definitivas antes de iniciar la etapa de juicio oral.