Ciudad de México.- En un paso de trascendencia histórica para el reconocimiento jurídico, la justicia social y la autodeterminación de las comunidades originarias del país, el Poder Ejecutivo federal consolidó el andamiaje de una nueva reforma legal. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó de manera oficial que la propuesta de iniciativa para la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se encuentra totalmente lista, por lo que será enviada de inmediato a una fase de consulta pública masiva en todas las regiones del territorio nacional.

Durante el desarrollo de su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, marco en el cual se dieron cita los integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la elaboración técnica de esta propuesta legislativa representó un año y medio de intenso trabajo de campo e institucional. Claudia Sheinbaum argumentó que para dar cabal cumplimiento a los preceptos de participación que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley debe someterse a un riguroso proceso de validación democrática directo en los territorios ejidales y comunales.

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Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, precisó los alcances logísticos de esta gran jornada cívica al informar que la propuesta legal se analizará y debatirá minuciosamente por un total de 16 mil 728 comunidades. Este esfuerzo de concertación institucional buscará beneficiar de forma directa a 25.8 millones de personas que se autoidentifican como indígenas o afromexicanas en las diversas entidades federativas, garantizándoles el acceso preferente a programas de desarrollo y el pleno reconocimiento de sus sistemas normativos internos.

La convocatoria oficial, emitida de manera conjunta por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la propia Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, contempla una ruta metodológica estructurada en cinco etapas consecutivas. Este proceso arranca formalmente con la firma del acuerdo de consulta y concluirá el próximo 12 de octubre, una fecha emblemática en la que se presentará de manera formal la iniciativa de ley perfeccionada ante el pleno de la Cámara de Diputados para dar inicio a su respectivo proceso parlamentario.

Al desglosar el cronograma de actividades operativas, Luisa María Alcalde detalló que del 1 de julio al 6 de agosto de este año se desplegará una intensa campaña informativa para dar a conocer el proyecto de ley entre la población meta. Posteriormente, en el periodo comprendido del 7 de agosto al 13 de septiembre, cada comunidad llevará a cabo la deliberación interna de la propuesta respetando estrictamente sus usos, costumbres y formas tradicionales de organización, dinámicas que se canalizarán a través del desahogo de 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo de carácter particular.

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En una fase subsecuente, fijada del 21 de septiembre al 11 de octubre, las dependencias encargadas procederán al estudio sistemático y a la adecuación formal del texto de la iniciativa, incorporando cada una de las observaciones y enmiendas formuladas por los pueblos consultados antes de remitir el documento final al Congreso de la Unión. Finalmente, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, especificó que el proyecto legislativo se compone de ocho libros normativos y un régimen transitorio, consolidado tras efectuar 148 reuniones de trabajo técnico con 35 entidades de la administración pública federal y recibir opiniones consultivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de impartición de justicia comunitaria.