Acapulco de Juárez, Gro.- La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, logró esquivar las sanciones de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) por la falta de transparencia en el manejo de 898.6 millones de pesos. Sin embargo, este respiro legal contrasta drásticamente con la apertura de una nueva investigación penal en su contra por presunto cohecho, situación que pone un fuerte reflector sobre la rendición de cuentas de su administración.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que la ASE carece de facultades para fiscalizar los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos por el Ayuntamiento en 2023. Al resolver la Controversia Constitucional 174/2025, el máximo tribunal aclaró que esta tarea corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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No obstante, los ministros fueron enfáticos al señalar que este fallo, sustentado en un tema de competencias, no es una exoneración. El ministro Irving Espinosa Betanzo precisó que la invalidez de la auditoría local “no excluye la posibilidad de que se investiguen hechos potencialmente irregulares por las autoridades facultadas para ello”, dejando claro que el manejo de los casi 900 millones de pesos aún debe ser auditado a nivel federal.

Mientras la defensa técnica del municipio avanza en la Corte, la imagen pública y legal de la alcaldesa enfrenta un escenario mucho más complejo a nivel estatal. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha iniciado formalmente la carpeta de investigación 12022200300020071125 contra Abelina López Rodríguez por el delito de cohecho y lo que resulte.

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El origen de esta indagatoria, impulsada por una denuncia formal, es la ostentación de un collar de la exclusiva firma francesa Van Cleef & Arpels, con un valor superior a los 224 mil pesos, que la presidenta municipal portó durante una sesión oficial de Cabildo. La gravedad de la acusación ha derivado ya en una orden de presentación para que acuda a rendir su declaración ante las autoridades.

El contraste entre las carencias estructurales que padece Acapulco y la exhibición de joyería de lujo superior al cuarto de millón de pesos ha generado un fuerte cuestionamiento público. Ahora, corresponderá a la Fiscalía determinar si esta pieza se adquirió con recursos propios o si representa el producto de favores y dádivas políticas. A este panorama se suma que la SCJN aún tiene pendiente resolver el proceso de revocación de mandato en su contra, manteniendo a la funcionaria bajo un estricto escrutinio legal y ciudadano.