Acapulco de Juárez, Gro.— En un firme y contundente resultado dentro de las acciones orientadas a la procuración de justicia y al combate frontal contra la impunidad en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) logró que un juez de control y enjuiciamiento penal dictara una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de un hombre identificado como Víctor “N”, tras hallarlo penalmente responsable de la comisión del delito de violación equiparada en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva por motivos legales y de protección a sus derechos humanos.

Durante el desarrollo del proceso penal, los trabajos especializados de investigación ministerial, científica y de campo conducidos por el personal de la FGE permitieron integrar una carpeta de investigación sólida. A través de la aportación de datos de prueba fehacientes, peritajes técnicos y testimonios recabados con rigor legal, la representación social logró acreditar de manera indubitable la participación directa del hoy sentenciado en los hechos ilícitos que se le imputaron, los cuales tuvieron lugar en este municipio de Acapulco de Juárez.

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Ante la contundencia de las evidencias presentadas durante las etapas procesales, el órgano jurisdiccional valoró cada uno de los elementos aportados por la fiscalía, emitiendo un fallo condenatorio que impone al acusado una pena privativa de la libertad de una década en un centro de reinserción social. Asimismo, la autoridad judicial determinó la obligación de cubrir el pago correspondiente al concepto de la reparación integral del daño, buscando con ello mitigar las afectaciones causadas a la parte agraviada.

Este tipo de resoluciones judiciales reflejan el trabajo constante que realizan las instituciones de seguridad y procuración de justicia para erradicar las conductas que vulneran la integridad y la dignidad de las personas. La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera a la sociedad guerrerense su compromiso indeclinable de agotar todas las líneas de investigación en los casos de agresiones sexuales, garantizando una atención sensible, apegada a protocolos de perspectiva de género y enfocada en conseguir sanciones severas para quienes atenten contra el derecho fundamental a una vida libre de violencia.