Taxco de Alarcón, Gro.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la privación de la libertad de una adolescente de 15 años, ocurrida el pasado 29 de septiembre en el centro de la ciudad.

Entre los detenidos se encuentran Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista de la misma institución; y los policías preventivos municipales Gabriel “N” y Olga “N”, a quienes las autoridades también identifican como presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los funcionarios habrían aprovechado sus responsabilidades dentro de las instituciones de seguridad municipal para facilitar la privación de la libertad de la víctima, identificada en reportes periodísticos como Michel Guadalupe Sánchez, por quien las autoridades activaron una Alerta Amber.

La Fiscalía informó que obtuvo las órdenes de aprehensión después de reunir datos de prueba relacionados con los hechos y que mantiene las acciones de búsqueda, debido a que la adolescente continúa sin ser localizada.

Con estas capturas, suman seis servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco detenidos entre el 16 y el 19 de octubre, por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

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Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026, cuando varios individuos interceptaron a la víctima en el centro de Taxco y la obligaron a subir a un vehículo.

Según la información ministerial, los policías preventivos Gabriel “N” y Olga “N” presuntamente ordenaron que elementos de Tránsito Municipal abandonaran la zona donde ocurrió la privación de la libertad.

Esta decisión habría reducido la presencia de agentes municipales en el área durante el momento en que los responsables interceptaron a la adolescente y la trasladaron hacia un destino desconocido.

Las indagatorias también atribuyen a ambos policías instrucciones dirigidas al personal del Centro de Comando y Control para evitar que las corporaciones de seguridad recibieran información sobre lo sucedido.

La Fiscalía considera que estas acciones pudieron facilitar la desaparición, aunque las autoridades judiciales deberán determinar si los funcionarios participaron en los hechos y cuál habría sido la responsabilidad de cada uno.

Hasta el momento, la institución no ha detallado si los presuntos responsables utilizaron vehículos oficiales ni ha dado a conocer la identidad de las personas que trasladaron directamente a la víctima.

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Otro aspecto central de la investigación involucra al Centro de Comando y Control de Taxco, institución encargada de realizar tareas de monitoreo y apoyar la coordinación de los servicios municipales de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía, Ricardo “N” y José “N” presuntamente recibieron instrucciones para omitir el reporte de la desaparición ante las corporaciones de seguridad.

Los investigadores sostienen que esta omisión pudo favorecer a las personas que privaron de la libertad a la adolescente, al impedir que las instituciones correspondientes recibieran una alerta oportuna sobre los hechos.

La participación atribuida al director y al monitorista del C2 adquiere relevancia debido a las funciones de vigilancia y comunicación que desempeñaban dentro de la estructura municipal.

Sin embargo, la Fiscalía todavía no ha informado si existen grabaciones de cámaras de seguridad relacionadas con el caso, si los funcionarios alteraron algún registro o si las autoridades recuperaron información de los sistemas de monitoreo.

Estos elementos deberán esclarecerse durante las siguientes etapas de la investigación.

La institución tampoco ha precisado si otras personas que trabajaban en el C2 o en las corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la desaparición.

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Además de investigar su probable participación en la desaparición forzada, la Fiscalía General del Estado identificó a los cuatro servidores públicos como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, organización delictiva que las autoridades relacionan con diversas actividades criminales en la región Norte de Guerrero.

La dependencia no detalló qué funciones habrían desempeñado los detenidos dentro del grupo ni explicó si existen otras investigaciones relacionadas con estos posibles vínculos.

Por ahora, la presunta pertenencia a la organización constituye un señalamiento ministerial que deberá acreditarse mediante los procedimientos legales correspondientes.

La Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión después de desarrollar trabajos de investigación y seguimiento, y coordinó las detenciones con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal.

Tras ejecutar los mandamientos judiciales, las autoridades iniciaron los procedimientos necesarios para presentar a los cuatro funcionarios ante el juez de Control que los requiere.

El órgano jurisdiccional deberá analizar los datos de prueba del Ministerio Público y determinar la situación jurídica de cada imputado.

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Las cuatro capturas forman parte de una serie de intervenciones que las instituciones de seguridad realizaron en Taxco durante los últimos días.

Entre el 16 y el 19 de octubre, las autoridades detuvieron a seis servidores públicos municipales por su probable responsabilidad en delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

Además de los funcionarios del C2 y los policías preventivos, la Fiscalía reportó anteriormente las detenciones de José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal en activo.

Ambos enfrentan investigaciones por su presunta participación en distintos casos de secuestro agravado.

En el caso de José Carlos “N”, un juez de Control ya dictó auto de vinculación a proceso por hechos relacionados con la privación de la libertad de un familiar del presidente municipal de Taxco.

La autoridad judicial también ordenó que permaneciera en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras continúa la investigación complementaria.

Aunque las seis detenciones involucran a trabajadores del mismo ayuntamiento, la Fiscalía aclaró que corresponden al seguimiento de distintas investigaciones, por lo que no ha establecido que todos los casos formen parte de una sola causa penal.

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A pesar de las detenciones, las autoridades todavía no han logrado localizar a la adolescente que desapareció el pasado 29 de septiembre.

La Fiscalía informó que mantendrá las acciones de búsqueda y continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la privación de la libertad.

La captura de los funcionarios permite avanzar en el procedimiento penal, pero no resuelve el paradero de la víctima ni determina por sí misma quiénes participaron directamente en su traslado.

Por ello, las diligencias deberán concentrarse tanto en establecer las responsabilidades individuales como en obtener información que permita encontrar a la adolescente.

El caso también plantea interrogantes sobre el posible uso de cargos y recursos públicos para facilitar actividades delictivas, una hipótesis que las autoridades deberán acreditar ante los tribunales.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Taxco no ha informado, en los datos disponibles, quiénes asumirán las funciones de los servidores públicos detenidos ni qué medidas administrativas adoptará ante los señalamientos.

La Fiscalía reiteró que continuará investigando los delitos de desaparición y secuestro en la región Norte de Guerrero, así como la probable participación de funcionarios públicos en estos hechos.

Los seis detenidos mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales desarrollan los procedimientos correspondientes y no exista una sentencia condenatoria.