Ciudad de Panamá, Panamá. – La periodista y defensora indígena ñomndaa Marcela de Jesús Natalia, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la violencia contra personas defensoras y periodistas en México continúa acompañada de graves dificultades para investigar los delitos y sancionar a sus responsables.

Durante una audiencia celebrada el jueves 29 de octubre, correspondiente al 197 periodo de sesiones del organismo internacional, la activista presentó cifras documentadas por organizaciones civiles que muestran que solamente cuatro de 113 casos de homicidio y desaparición de personas defensoras registrados entre enero de 2022 y septiembre de 2026 han concluido con una sentencia condenatoria.

De acuerdo con estos datos, aproximadamente 96.5% de los casos no cuenta con una condena judicial, situación que las organizaciones consideran una muestra de los obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia.

La defensora también relató su propia experiencia de violencia, que incluye encarcelamiento, un atentado armado y desplazamiento forzado relacionado con su labor de comunicación y defensa de derechos humanos.

Su intervención buscó visibilizar las dificultades que enfrentan las personas que denuncian abusos, defienden territorios o investigan acontecimientos de interés público en distintas regiones de México.

Solamente cuatro casos terminaron con sentencia condenatoria

Durante la audiencia, las organizaciones participantes presentaron un balance de 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2026.

De ese conjunto, 103 corresponden a homicidios y diez a desapariciones, según el desglose expuesto ante la Comisión Interamericana.

Las organizaciones señalaron que solamente 20 casos habían sido judicializados y cuatro contaban con una sentencia condenatoria.

La diferencia entre las agresiones documentadas, los procedimientos que llegaron ante un juez y las condenas representa uno de los principales motivos de preocupación de los colectivos.

Sin embargo, es importante precisar que la cifra de 96.5% corresponde al conjunto de casos presentado por las organizaciones y no a una tasa oficial calculada sobre todas las denuncias relacionadas con periodistas y defensores de México.

Tampoco significa que los restantes expedientes hayan sido formalmente cerrados o que todas las investigaciones se encuentren en la misma etapa procesal.

La cifra muestra, específicamente, la proporción de casos documentados que todavía no había alcanzado una sentencia condenatoria.

Marcela de Jesús Natalia también ha enfrentado amenazas y desplazamiento

Marcela de Jesús Natalia es una comunicadora indígena de la región Costa Chica de Guerrero que ha participado en actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Durante su intervención recordó que pasó por un periodo de encarcelamiento y que posteriormente sobrevivió a un atentado armado cometido el 3 de junio de 2017, en Ometepec.

Las consecuencias de estos acontecimientos, explicó, transformaron profundamente sus condiciones de vida y la obligaron a enfrentar el desplazamiento forzado.

La activista señaló que las personas que sobreviven a agresiones graves pueden continuar expuestas a amenazas y dificultades económicas, incluso después de que concluye el ataque inicial.

También llamó la atención sobre los obstáculos que enfrentan las víctimas para participar en investigaciones, recibir información o conseguir respuestas de las autoridades.

Su intervención permitió incorporar una perspectiva personal a las estadísticas sobre agresiones, al mostrar cómo sus consecuencias pueden extenderse durante años y afectar a familias y comunidades.

Organizaciones consideran insuficientes las medidas de protección en Guerrero

En la audiencia también participó Saulo Loya Valenzuela, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien intervino en representación de organizaciones civiles mexicanas.

El abogado sostuvo que el país enfrenta dos problemas relacionados: la violencia contra quienes defienden derechos humanos y las dificultades institucionales para prevenir agresiones, investigarlas y sancionarlas.

Las organizaciones señalaron que la ausencia de resultados judiciales puede contribuir a que las personas agresoras perciban menores consecuencias por sus actos.

También solicitaron que las fiscalías incorporen de manera adecuada la actividad periodística o de defensa de derechos humanos como una posible línea de investigación cuando ocurren agresiones.

De lo contrario, advirtieron, pueden perderse elementos importantes para comprender los motivos de los delitos y establecer responsabilidades.

El planteamiento también incluye mejorar los registros de denuncias y garantizar mecanismos de participación para víctimas y familiares durante los procedimientos judiciales.

El Estado mexicano defiende sus acciones ante el organismo internacional

Durante la audiencia, el representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Encinas Rodríguez, intervino en nombre del Estado mexicano.

El funcionario sostuvo que la protección de los derechos humanos constituye una prioridad institucional y que diferentes dependencias federales y estatales participan en las acciones relacionadas con esta materia.

Su postura contrastó con los cuestionamientos de las organizaciones civiles, que consideran insuficientes los resultados de las investigaciones y los mecanismos de protección disponibles.

La participación de ambas partes permitió presentar ante el organismo internacional distintas perspectivas sobre la situación que enfrentan periodistas y personas defensoras.

La CIDH constituye un espacio de seguimiento y evaluación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, aunque la celebración de una audiencia no equivale por sí misma a una sentencia judicial contra el Estado.

Guerrero forma parte de una problemática nacional

La presencia de una defensora guerrerense en esta audiencia también coloca bajo atención las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas y rurales del estado.

En diferentes regiones, las actividades relacionadas con la defensa del territorio, la denuncia de violencia y la exigencia de justicia pueden desarrollarse en condiciones de inseguridad.

Las organizaciones civiles consideran necesario que los mecanismos institucionales respondan a estos contextos y ofrezcan protección efectiva a quienes enfrentan riesgos.

El caso de Marcela de Jesús Natalia también muestra que la búsqueda de justicia no termina con sobrevivir a una agresión, pues sus consecuencias pueden permanecer durante muchos años.

Con las cifras presentadas en Panamá, las organizaciones solicitaron que México fortalezca la prevención, la protección y la investigación de los delitos contra personas defensoras.

El principal cuestionamiento permanece en los resultados: de 113 homicidios y desapariciones documentados durante casi cinco años, solamente cuatro habían llegado a una sentencia condenatoria hasta septiembre de 2026.