Ciudad de México. – La entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ha provocado dudas sobre el futuro del dinero en efectivo en México, después de que el Gobierno federal publicara nuevas disposiciones para promover las transferencias bancarias, las tarjetas y otros medios electrónicos en establecimientos comerciales y servicios públicos.

El decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 4 de noviembre y comenzó a aplicarse el jueves 5, aunque algunas de sus disposiciones requieren reglas adicionales que deberán emitir las autoridades competentes.

La legislación contempla mecanismos para facilitar la recepción de pagos digitales y permite que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine determinadas actividades en las cuales estos medios puedan convertirse en la única forma de pago.

Sin embargo, la entrada en vigor de la ley no significa que todos los comercios de México tengan prohibido aceptar billetes y monedas, ni que la población deba abandonar inmediatamente el efectivo para realizar sus compras cotidianas.

Hacienda podrá determinar actividades con pagos exclusivamente digitales

Uno de los aspectos centrales de la legislación aparece en el artículo 13, que otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de identificar sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales o electrónicos podrán establecerse como el único medio permitido.

El artículo 14 señala que las autoridades correspondientes deberán emitir disposiciones administrativas para precisar las condiciones, requisitos y mecanismos de operación de esas actividades.

Las reglas también podrán contemplar periodos de transición para permitir que los establecimientos y usuarios se adapten gradualmente a los nuevos procedimientos.

Esto significa que la ley crea un marco jurídico para ampliar los pagos electrónicos, pero no identifica automáticamente a todos los negocios que tendrán que dejar de aceptar efectivo.

Para conocer cuáles actividades estarán sujetas a disposiciones especiales, será necesario revisar los acuerdos y reglas que publiquen posteriormente las instituciones responsables.

Los artículos transitorios establecen un plazo de quince días hábiles para que Hacienda determine los sectores estratégicos y actividades relevantes. Después, las autoridades competentes contarán con un periodo adicional para desarrollar sus disposiciones específicas.

Por ello, no sería correcto afirmar que desde el 5 de noviembre todas las operaciones comerciales deben realizarse mediante tarjeta o transferencia.

Ley de Economía Digital: los establecimientos podrán utilizar tarjetas, transferencias y códigos QR

La nueva ley reconoce diferentes mecanismos electrónicos, entre ellos tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, pagos mediante códigos QR y tecnologías de comunicación de campo cercano, conocidas como NFC.

Estas alternativas permiten realizar operaciones sin necesidad de utilizar dinero físico, mediante teléfonos celulares, tarjetas bancarias y otros dispositivos compatibles.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar acciones para facilitar la aceptación de estos mecanismos en los trámites y servicios que ofrecen.

Por su parte, los proveedores de bienes y servicios podrán incorporar infraestructura destinada a recibir pagos electrónicos e informar a los usuarios cuáles modalidades se encuentran disponibles.

La legislación también contempla medidas para atender fallas técnicas que impidan utilizar temporalmente las plataformas y dispositivos de cobro.

En los sectores donde se establezca la obligatoriedad del pago electrónico, el artículo 15 permite utilizar efectivo o cheque cuando una contingencia impida recibir los pagos digitales.

Esta excepción reconoce que los sistemas tecnológicos pueden presentar interrupciones relacionadas con conectividad, fallas eléctricas y otros problemas extraordinarios.

¿Qué pasará con quienes no tienen una cuenta bancaria?

Uno de los principales desafíos para implementar la legislación será garantizar que los nuevos mecanismos no excluyan a las personas que carecen de servicios financieros o de acceso regular a internet.

En diferentes regiones del país, especialmente en comunidades rurales y sectores con dificultades de conectividad, numerosos ciudadanos utilizan el efectivo como su principal medio de pago.

Por esta razón, la ley contempla acciones relacionadas con la inclusión financiera, el acceso a nuevas tecnologías y el desarrollo de sistemas que faciliten las operaciones digitales.

También reconoce la CURP Digital como uno de los mecanismos de identificación que podrán utilizarse para contratar determinados servicios financieros, sin convertirla en la única opción disponible para los usuarios.

El Banco de México tendrá facultades para establecer medidas que favorezcan las transferencias y la utilización de servicios electrónicos, conforme a las disposiciones aplicables.

Sin embargo, estos avances requerirán infraestructura tecnológica, servicios accesibles y mecanismos que protejan los recursos y datos personales de los ciudadanos.

El efectivo no desaparece de manera general en México

La publicación de la ley representa un cambio importante en la política de digitalización de pagos, pero sus efectos dependerán de las disposiciones que emitan las autoridades durante las siguientes semanas.

En términos prácticos, las personas todavía pueden utilizar efectivo en las operaciones donde ninguna disposición específica establezca una restricción aplicable.

Para los comercios, el desafío será mantenerse informados sobre los sectores que eventualmente deban adoptar reglas adicionales, así como sobre las condiciones y los plazos de implementación.

Los consumidores también deberán distinguir los anuncios oficiales de los rumores que circulan en redes sociales, particularmente aquellos que afirman que todos los billetes dejarán de tener valor o que cualquier pago en efectivo será sancionado inmediatamente.

La nueva Ley de Economía Digital busca ampliar el uso de medios electrónicos, pero no establece una eliminación general del dinero físico en todo el territorio nacional.

Su aplicación requerirá un proceso gradual y reglas específicas para cada actividad que Hacienda determine, mientras continúa el debate sobre la inclusión financiera y el acceso equitativo a los nuevos mecanismos de pago.