Acapulco de Juárez, Gro. – Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre una jornada de protestas contra el nuevo sistema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, al considerar que sus disposiciones podrían afectar la estabilidad laboral de quienes desempeñan funciones administrativas y jurisdiccionales dentro de juzgados y tribunales. La movilización fue convocada en diferentes entidades del país, entre ellas Guerrero, donde los trabajadores han manifestado preocupaciones relacionadas con la conservación de sus plazas, las condiciones de evaluación y la participación de sus superiores jerárquicos en la calificación individual.

El conflicto surgió después de la publicación de un acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), mediante el cual se establecen procedimientos para evaluar los conocimientos, las funciones y el desempeño del personal.

Aunque las autoridades judiciales aseguran que las primeras evaluaciones tendrán únicamente un carácter diagnóstico y no provocarán despidos, los inconformes consideran que el diseño general del mecanismo mantiene disposiciones que podrían afectar sus derechos laborales en etapas posteriores.

Los trabajadores cuestionan la participación de sus superiores en las calificaciones

Entre las principales preocupaciones se encuentra el peso que tendrán las evaluaciones realizadas por los titulares de juzgados y tribunales.

Los representantes sindicales argumentan que esta participación podría generar incertidumbre entre trabajadores que necesitan expresar criterios jurídicos o plantear diferencias profesionales frente a sus superiores.

También cuestionan que empleados con décadas de experiencia y nombramientos definitivos deban someterse a nuevos mecanismos de evaluación para continuar desarrollando funciones que ya desempeñan.

Según los reportes sobre el acuerdo, el sistema contempla diferentes categorías de desempeño y establece procedimientos para atender los resultados insuficientes durante evaluaciones ordinarias.

Los inconformes advierten que estas disposiciones podrían permitir sanciones laborales si los trabajadores no alcanzan determinadas calificaciones o incumplen las medidas de fortalecimiento establecidas.

Sin embargo, las consecuencias específicas deberán analizarse conforme a la etapa de evaluación aplicable y al contenido completo de las disposiciones.

El Órgano de Administración Judicial asegura que no habrá despidos en diciembre

Ante las protestas, el OAJ emitió un posicionamiento en el que explicó que la primera evaluación programada para diciembre tendrá una finalidad exclusivamente diagnóstica.

Según la institución, los resultados permitirán identificar necesidades de capacitación, conocimientos profesionales y áreas donde puedan mejorarse las condiciones de trabajo.

La autoridad aclaró que durante esta primera etapa no habrá calificaciones aprobatorias o reprobatorias que determinen la separación de trabajadores ni pérdida de plazas.

También señaló que las evaluaciones forman parte de las responsabilidades previstas en la Constitución y en la Ley de Carrera Judicial, por lo que su aplicación responde a obligaciones institucionales.

No obstante, los representantes laborales consideran necesario revisar el mecanismo completo y establecer garantías explícitas para impedir que las evaluaciones posteriores se utilicen de manera arbitraria.

La diferencia entre ambas posiciones ha dificultado alcanzar acuerdos, pese a los llamados al diálogo.

Las protestas también tienen antecedentes en Acapulco

En Guerrero, trabajadores del Poder Judicial ya habían realizado movilizaciones durante octubre para exigir mejores condiciones laborales, respeto a las prestaciones y atención a sus demandas administrativas.

En Acapulco, personal del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales participó anteriormente en una protesta nacional, mientras empleados de otras instalaciones judiciales del puerto analizaron sumarse a las acciones.

Aquellas movilizaciones incluyeron exigencias relacionadas con incrementos salariales, pagos retroactivos, cargas de trabajo y garantías de continuidad laboral.

La nueva controversia agrega a esas preocupaciones los procedimientos de evaluación y las condiciones bajo las cuales deberán aplicarse.

Para los trabajadores, la discusión no se limita a presentar un examen, sino también a establecer qué criterios permitirán valorar sus funciones y qué consecuencias podrían derivarse de los resultados.

La evaluación está prevista para diciembre, con fechas diferenciadas según las funciones del personal, mientras los procedimientos ordinarios posteriores tendrán su propia aplicación.

El OAJ reiteró que mantiene disposición para dialogar con las organizaciones sindicales y buscar acuerdos que permitan garantizar tanto los derechos laborales como el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Por ahora, las protestas mantienen abierto un debate sobre la estabilidad del personal judicial y los mecanismos de profesionalización que acompañan la reorganización del Poder Judicial mexicano.