México.- El Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que contendrá información sobre padres deudores y acreedores de pensión alimenticia para sus hijos menores de edad. El objetivo de este registro se encarga de identificar a los deudores y acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resolución judicial firme y brindar información en la materia.
La implementación de este registro se llevará a cabo por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y deberá estar listo en un plazo de 300 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto. Una vez establecido, las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación de requerir la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en trámites y procedimientos como la expedición de licencias y permisos para conducir, la obtención de pasaportes o documentos de identidad y viaje, así como la participación en elecciones o aspiraciones a cargos públicos.
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Además, se establece que los padres deudores no podrán realizar trámites como el de obtención de pasaportes para viajar al extranjero y licencias para conducir. Asimismo, tampoco podrán contender por cargos de elección popular ni casarse, entre otros trámites.
La aprobación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es una medida importante para garantizar el derecho de los niños a recibir una pensión alimenticia adecuada y en tiempo y forma por parte de sus padres. De esta forma, se busca prevenir la evasión de responsabilidades por parte de los deudores y fomentar la cultura de pago de las obligaciones alimentarias.
Cabe destacar que la creación de este registro no sólo ayudará a los niños y sus madres a recibir las pensiones alimentarias que les corresponden, sino que también beneficiará a los padres que cumplen con sus obligaciones alimentarias, ya que se garantizará que aquellos que no lo hacen se penalicen. De esta forma, se fomentará la responsabilidad y se asegurará el bienestar de los menores.
