Chilpancingo de los Bravo, Gro.- En una escalada de tensiones en Chilpancingo, presuntos miembros de la delincuencia organizada han colocado narcomantas en diversos puntos de la ciudad, emitiendo una advertencia amenazante contra la Familia Michoacana. La autodenominada Unión Morelense y Federación Guerrerense acusa al grupo de incrementar los precios de productos básicos y cometer secuestros en las regiones de Morelos y Guerrero.
En el mensaje, la Unión no solo responsabiliza a la Familia Michoacana de prácticas que afectan directamente a la población, como el alza en los costos de bienes esenciales, sino que también lanza una amenaza clara: ejecutarán a cualquier persona que apoye a este grupo, sin importar su identidad.
La Unión afirma que diversos cárteles han decidido unirse para proteger a la población, subrayando que la lucha no está dirigida contra el Gobierno y extendiendo una invitación a las autoridades para colaborar en pro de la sociedad y eliminar lo que consideran “parásitos”.
Este comunicado surge en un contexto en el que se han reportado acciones de la Familia Michoacana que generan inquietud. En particular, se ha señalado su participación en saqueos a comercios afectados por el huracán Otis en Acapulco. Testigos afirman que, incluso, han alentado el robo en aquellos establecimientos más perjudicados por el fenómeno meteorológico.
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En diversas localidades, como Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo e incluso Cuernavaca, se acusa a este grupo de realizar acaparamiento de productos básicos. Se relata que, de manera coercitiva, obligaron a comerciantes ambulantes a venderlos a precios que llegaban a ser hasta cuatro veces superiores a los habituales.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido comentarios sobre estas narcomantas y las amenazas que contienen. Sin embargo, la pronta retirada de estos mensajes por parte de la policía estatal señala la seriedad con la que se toma la situación.
Este episodio plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y estabilidad en la región. La rivalidad entre distintos grupos delictivos y sus interacciones complejas pueden generar un escenario volátil para la población. La sociedad civil, así como las autoridades, se encuentran ante el desafío de gestionar estas dinámicas para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad en medio de un contexto ya complejo. La incertidumbre persiste sobre cómo evolucionarán estos acontecimientos y qué medidas tomarán las autoridades en respuesta a estas amenazas abiertas.
