Tlapa de Comonfort, Gro. – La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la detención de Daniel “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio culposo en agravio de una niña de seis años, quien perdió la vida después de que un vehículo del servicio público la atropellara en 2022, en la comunidad de Temalacatzingo, perteneciente al municipio de Olinalá, en la región Montaña.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hombre trabajaba como taxista y presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el accidente que provocó lesiones graves a la menor, quien posteriormente falleció.

La captura ocurrió en el crucero de San Antonio Coyahucan, en el municipio de Tlapa de Comonfort, donde elementos de distintas corporaciones de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión como parte de las investigaciones relacionadas con los hechos.

En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes ejecutaron el mandato judicial emitido contra el sospechoso.

Taxista de Tlapa presuntamente conducía alcoholizado cuando atropelló a la menor

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los hechos ocurrieron durante 2022 en Temalacatzingo, comunidad del municipio de Olinalá, donde Daniel “N” presuntamente manejaba una unidad destinada al transporte público de pasajeros.

Según la información ministerial, el conductor habría estado bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando atropelló a una niña de seis años, provocándole lesiones que posteriormente ocasionaron su fallecimiento.

La dependencia no precisó la fecha exacta del accidente ni las circunstancias en las que la menor fue atropellada. Tampoco informó si el conductor permaneció en el lugar después de los hechos o si las autoridades realizaron alguna intervención inmediata.

Sin embargo, las diligencias desarrolladas durante la investigación permitieron reunir elementos que llevaron al Ministerio Público a solicitar una orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo.

Este delito se configura cuando una persona provoca la muerte de otra sin la intención directa de hacerlo, pero mediante una conducta que puede involucrar negligencia, imprudencia o incumplimiento de obligaciones de cuidado.

En el caso de los accidentes de tránsito, conducir bajo los efectos del alcohol constituye una circunstancia relevante para determinar las posibles responsabilidades legales, debido a que esta condición puede alterar la capacidad de reacción, la coordinación y la percepción del riesgo.

Cumplimentan orden de aprehensión cuatro años después de los hechos

Tras desarrollar las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden judicial contra Daniel “N”, a quien las autoridades localizaron en el crucero de San Antonio Coyahucan, en Tlapa de Comonfort.

La detención ocurrió aproximadamente cuatro años después del accidente registrado en Olinalá, aunque la institución no proporcionó detalles sobre el desarrollo de la investigación durante ese periodo ni explicó las circunstancias que permitieron localizar al sospechoso.

Los elementos ministeriales participaron en el operativo junto con personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, como parte de las acciones coordinadas para ejecutar el mandato judicial.

La Fiscalía señaló que la captura forma parte de los trabajos para esclarecer hechos que afectan la vida de las personas y procurar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado si el vehículo involucrado en el atropellamiento quedó asegurado durante la investigación ni ha proporcionado mayores detalles sobre los peritajes realizados para establecer las circunstancias del accidente.

Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa el riesgo de accidentes

El caso también pone de relieve los riesgos asociados con la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, particularmente cuando se trata de unidades del transporte público que circulan por comunidades y vialidades donde conviven automovilistas, motociclistas y peatones.

El consumo de alcohol puede disminuir la capacidad de concentración, alterar los reflejos y dificultar la evaluación de distancias y velocidades, factores que incrementan la posibilidad de provocar accidentes de tránsito.

Estas condiciones representan un riesgo especial para peatones y menores de edad, quienes pueden sufrir lesiones graves cuando un vehículo los impacta, incluso a velocidades relativamente bajas.

Por ello, las normas de tránsito establecen restricciones para conducir después de consumir alcohol y contemplan responsabilidades legales cuando esta conducta deriva en lesiones o fallecimientos.

En este caso, corresponderá a las autoridades judiciales determinar si los elementos reunidos por el Ministerio Público acreditan la probable responsabilidad del detenido en el accidente que provocó la muerte de la niña.

Un juez determinará la situación jurídica del detenido en Tlapa

Después de su captura, Daniel “N” será presentado ante el juez de Control que emitió la orden de aprehensión, quien deberá analizar los datos de prueba proporcionados por la Fiscalía y determinar su situación jurídica conforme a las disposiciones legales aplicables.

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público podrá formular la imputación por homicidio culposo, mientras que la defensa tendrá oportunidad de conocer los señalamientos y ejercer los derechos que establece el procedimiento penal.

En caso de que el juez considere suficientes los elementos presentados, podrá dictar un auto de vinculación a proceso y establecer las medidas cautelares que correspondan. Esta determinación, sin embargo, no constituye una sentencia condenatoria.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantendrá las acciones de investigación encaminadas a esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para los familiares de la menor fallecida.

Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha informado sobre una resolución judicial definitiva relacionada con el caso.

Daniel “N” conserva su derecho a la presunción de inocencia y deberá recibir ese tratamiento mientras una autoridad judicial competente no determine su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria.